Cartagena, (EFE).- La justicia es aún una “cuenta pendiente” en el secuestro y asesinato en Colombia del equipo periodístico del diario quiteño El Comercio por una disidencia de las FARC, cuando faltan unos días para que se cumpla un año del triple homicidio, denunció este sábado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Sin embargo, los familiares de las tres víctimas “no descansan y exigen información clara sobre las operaciones realizadas en la zona del crimen, la frontera colombo-ecuatoriana”, detalla el informe sobre Ecuador elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
El documento fue presentado en la Reunión de Medio Año de la SIP en Cartagena por el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), Francisco Rocha.
“Hay una sensación todavía en el Ecuador de que faltan respuestas tanto del Gobierno de Colombia como del Gobierno del Ecuador”, manifestó Rocha.
El equipo periodístico, conformado por el redactor Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, viajó a la región fronteriza el 25 de marzo de 2018, fue secuestrado un día después y su asesinato en suelo colombiano fue confirmado el 13 de abril, precisamente cuando la SIP se encontraba celebrando su Reunión de Medio Año en Medellín.
El informe de la SIP destaca que los periodistas “desde su trinchera recaban información que aportarán al caso”.
“Así lo hicieron Arturo Torres y María Belén Arroyo con su libro ‘Rehenes ¿Por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio?’, un texto que contiene testimonios, documentos oficiales y conversaciones entre las autoridades ecuatorianas y los disidentes del grupo de las antiguas FARC que se hace llamar Frente Óliver Sinisterra.
Al abordar otros asuntos relativos a la prensa, el estudio destaca que la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada en la presidencia de Rafael Correa y que “por más de cinco años fue considerada como ‘mordaza'”, está pasando por cambios con el nuevo Gobierno de Lenín Moreno que el informe cataloga como “halagüeños”.
Entre las reformas, la Superintendencia de Comunicación (Supercom) fue eliminada, así como la figura de “linchamiento mediático”, que “algunos funcionarios públicos usaron para sancionar a los medios y periodistas”, señala el informe.
Sin embargo, advierten que todavía contiene varios artículos que “contravienen valores de las convenciones internacionales”.
Como parte del proceso de reformas, recuerdan la disconformidad del gremio audiovisual al intentar enmendar el artículo 98 de la LOC que “prohíbe la importación de piezas publicitarias elaboradas en el extranjero”.
Sin embargo, recuerdan que el pleno de la Asamblea Nacional lo ratificó con 108 votos a favor.
Otro de los artículos que se sumaron al debate y que se mantiene es el 42, que regula el libre ejercicio de la comunicación y obligación la de la profesionalización.
Además, el informe explica que el artículo 106 de la ley hizo cambios sobre la propiedad, “redefiniendo que se asigne el 56 % del espectro radioeléctrico para el sector privado, el 34 % para el comunitario y el 10 % para el público”.
“Además, que la concesión de frecuencias tendrá 15 años de duración con la posibilidad de renovación. La ley anterior repartía el 33 % de la propiedad para cada sector”, añade el documento.
Entre los casos que atentaron contra la libertad de expresión, destacan la suspensión del conductor televisivo Mauricio Ayora.
Ayora, presentador de DespierTC, “denunció el cobro automático que entidades privadas hacen a cuentas bancarias por un servicio, sin la autorización y conocimiento” de los titulares.
“El periodista fue amonestado por la dirección del programa y suspendido por quince días. La gerente general de la Empresa Pública de Medios Públicos del Ecuador, Martha Moncayo, denunció un acto de intimidación luego de recibir en las instalaciones de TC Televisión un arreglo funerario que incluía una nota apoyando al periodista sancionado”, detallan.
Entre esos atentados contra la libertad de expresión cuentan el que se produjo el pasado 12 de noviembre cuando el periodista Henry Córdova fue sentenciado a 20 días cárcel y al pago de 5.000 dólares de indemnización tras la denuncia impuesta por la asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Roberta Zambrano, quien lo acusó de “violencia política”. EFE
