WASHINGTON (AP) — El gobierno de Donald Trump anunció el lunes que no renovará las protecciones que permitían a casi 200.000 salvadoreños permanecer legalmente en Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que los daños causados por el terremoto del 2001 en Centroamérica no justifican otra prórroga del status. Añadió que El Salvador ha recibido cuantiosa ayuda internacional y que gran parte de la infraestructura del país ha sido reconstruida.
Los ciudadanos de El Salvador pueden beneficiarse del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que proporciona alivio humanitario a extranjeros cuyos países se han visto golpeados por desastres naturales o conflictos.
El Salvador es el cuarto país en perder el TPS durante la presidencia de Trump y sus ciudadanos eran por mucho el grupo de beneficiarios más grande. El gobierno suspendió el año pasado protecciones similares a ciudadanos de Haití y Nicaragua.
Los salvadoreños tendrán hasta septiembre de 2019 para dejar el país o ajustar su estatus legal.
Nielsen dijo la semana pasada a la AP que las extensiones a corto plazo no son la solución.
“Conseguirles una solución permanente es un plan mucho mejor que tenerlos viviendo seis meses, luego 12 meses, luego 18 meses”, dijo en una entrevista, refiriéndose a la incertidumbre de las extensiones a largo plazo del programa.
La decisión de enviar a los salvadoreños de vuelta a su país, aunque no es sorpresiva, causará conmoción en partes de Washington, Los Ángeles, Nueva York, Houston y otras zonas metropolitanas que acogen grandes comunidades de salvadoreños. Estos inmigrantes disfrutan de una protección especial desde los terremotos que golpearon el país centroamericano en 2001. Muchos han echado raíces en Estados Unidos, formando familias y abriendo negocios a lo largo de los años.
Poner fin a la protección también supondría un duro desafío para El Salvador, un país de 6,2 millones de personas con una economía dependiente de las remesas de los trabajadores en Estados Unidos. En la última década, cada vez más salvadoreños _muchos llegados como familias o menores sin acompañante_ han entrado en Estados Unidos de forma ilegal a través de México, huyendo de la violencia y la pobreza.
En septiembre de 2016, el gobierno de Obama amplió 18 meses las protecciones señalando que El Salvador aún sufría los efectos de los sismos de 2001 que mataron a más de mil personas, y que el país no podría absorber el regreso de tanta gente.
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, tuvo una larga conversación telefónica con Nielsen el viernes para renovar su petición de que se extienda el programa para dar más tiempo al Congreso a conseguir una solución permanente para los 190.000 salvadoreños que han obtenido protección para seguir en el país.
La fecha límite coincide con un momento de creciente diálogo entre la Casa Blanca y el Congreso sobre una reforma migratoria que podría incluir protecciones para cientos de miles de jóvenes inmigrantes que llegaron al país cuando eran menores, y que recibieron una protección temporal por un programa de la era Obama. Trump dijo en septiembre que pondría fin al plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), pero dio al Congreso hasta marzo para tomar medidas.
Estaba previsto que el presidente, Donald Trump, recibiera esta semana a un grupo bipartidista de senadores para intentar buscar un acuerdo.
Estados Unidos creó el TPS en 1990 para ofrecer refugio a gente de países afectados por terremotos, inundaciones, huracanes, guerras y otros desastres. Ahora ampara a casi 320.000 personas de 10 países. Hay casi 440.000 beneficiarios de esos 10 países, incluidos de 263.000 de El Salvador, pero muchos de ellos han legalizado su situación por otras vías.
El secretario de Seguridad Nacional puede renovar esa protección, que incluye permiso de trabajo, por hasta 18 meses cada vez. Las voces críticas dicen que ha resultado no ser temporal en absoluto, ya que muchos beneficiarios siguen en el país años después de su solicitud inicial.
La predecesora de Nielsen, la secretaria en funciones Elaine Duke, puso fin en noviembre a las protecciones para los haitianos, lo que requiere a unas 50.000 personas que se marchen o resuelvan su situación legal para el 22 de julio de 2019, y para los nicaragüenses, lo que dio a unas 2.500 personas hasta el 5 de enero de 2019. Aplazó una decisión que afectaba a más de 50.000 hondureños, lo que dejó la decisión a Nielsen.
El gobierno de Trump amplió el año pasado la protección para los Sudán del Sur y la retiró para Sudán. Otros países cubiertos son Nepal, Somalia, Siria y Yemen.
