Santo Domingo. Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) consideró que la única forma efectiva de reducir el precio de los servicios educativos privados, es mejorando la calidad de educación pública.
De esta forma, enfatiza, podrán acceder todos aquellos ciudadanos del país sin importar su origen o condición económica.
A raíz del proyecto de ley que propone eliminar el pago de la reinscripción de los colegios privados presentado por el senador de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (a) “El Torito”, que fue aprobado en primera lectura por el Senado de la República, la entidad elaboró la Nota de Trabajo Nro. 71. Allí se expone que la intención del senador Acosta se enmarca en las viejas tradiciones históricas cuya vocación de los gobernantes de turno era controlar los precios de algunos bienes y servicios que entienden debieran ser ofrecidos a valores justos.
En el mencionado documento técnico se desprende, a modo de conclusión, que con base en las evidencias de la experiencia las pretensiones de controlar los precios del servicio educativo y de cualquier otro bien o servicio, solo introduce distorsiones y en general no funcionan.
El documento, sugiere una medida más efectiva para lograr que los precios de la educación privada bajen sustancialmente.
A propósito del análisis, Samuel Conde, presidente de Educa, razona que en dicha iniciativa “no hay nada de novedoso, y nada en el campo de las ideas. Menos todavía en el terreno de las buenas intenciones políticas”.
Precisó que en este caso particular del proyecto de ley que parece prosperar, más que acusar a los colegios de “encañonar” a las familias, o calificarlos como “inhumanos e indolentes”, según se le atribuye al senador Acosta, parecería más preciso atribuirles ser demasiado honestos y transparentes con sus políticas de fijación de precios.
Señaló que de concretarse la legislación, los centros educativos privados al verse imposibilitados legalmente de cobrar y recibir los recursos por preinscripciones, tendrán que trasladar esos valores o costos al precio de la matrícula, o al de otros bienes y servicios ofrecidos por la institución.
“Y los padres de familia continuarán teniendo la libertad de aceptar, o no, el intercambio de los derechos de propiedad en los términos establecidos, o bien optar por cambiar a sus hijos de colegio”, agregó el dirigente de Educa.
Conforme a las reflexiones enunciadas en la Nota de Trabajo titulada: Senado Dominicano parece inspirarse en Diocleciano: Los honorables miembros de la Cámara Alta desconocen 45 siglos de evidencia empírica técnica, desde que el mundo es mundo los gobernantes de turno se han visto tentados a controlar las economías, y los servidores públicos de todas las épocas – a veces guiados por la mejor de las intenciones – han expresado una reiterada vocación por controlar los precios de algunos bienes y servicios que consideran deben ser ofrecidos a valores justos.
“De hecho, en América Latina estos ejemplos abundan durante toda su historia y en la extensión de su vasta geografía, y con tanta y abrumadora evidencia empírica, se puede inferir casi con certeza la suerte que tendrá la iniciativa del senador Acosta”, resalta Conde.
Al tiempo de señalar “controlar los precios en una economía y esperar que funcione, es lo mismo que intentar saltar de un octavo piso pensando en flotar, por el simple hecho que una ley o un decreto así lo dictamine. Simplemente no funciona”.
En el documento, EDUCA plantea “cabe la pregunta entonces, ¿por qué los gobernantes caen una y otra vez en la misma trampa? Está claro que las leyes de la economía no se perciben de la misma forma que las de la física, la química o la biología, como bien lo demuestra el pensador contemporáneo Ray Dalio (Dalio, 2017)”.
“Pero también porque hay dos razones que los hacedores de política rara vez tienen en cuenta. En primer lugar, comprender cabalmente que es un precio; en segundo término, cómo se fijan los precios de un bien, producto o servicio en una economía”, agregó.
Dijo que el precio de un bien o servicio en una economía es la expresión cuantitativa, fijada en una unidad de medida o moneda, para facilitar el intercambio de los derechos de propiedad sobre esos bienes y servicios.
Del mismo modo, el director ejecutivo de Educa acotó “si los honorables senadores quieren y pretenden bajar el precio de los servicios educativos del sector privado, lamento desilusionarlo querido senador Acosta o matarle el gallo en la funda, pero solo existe una forma.
Los esfuerzos tendrán que enfocarse en mejorar la calidad de la educación pública, para que menos familias tengan que hacer el sacrificio de enviar a sus hijos a la educación privada”.
