Más de dos mil presos que han cumplido sus respectivas condenas no han podido salir de prisión por la falta de la orden de arresto que posibilite el cómputo de la pena.
Así lo reveló ayer el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) que calificó esta situación como inconstitucional y abusiva e hizo algunas recomendaciones para descongestionar las sobrepobladas cárceles. El gremio está preocupado por el congestionamiento de las cárceles y envió una carta al Consejo del Ministerio Público, en la que consideró imprescindible establecer un mecanismo de fiscalización y conteo automático, que permita que la puesta en libertad opere de manera automática, justo en el tiempo en que la pena es cumplida.
“Bajo ningún concepto debe cargarse al privado de libertad o a sus familiares, como ocurre en la actualidad, pues es al Estado dominicano, a quien le corresponde justificar la privación de libertad, no al imputado demostrar que debe ser liberado”, precisó Miguel Surun, presidente del CARD, en la misiva que también fue enviada al Consejo del Poder Judicial, a la Dirección General de Prisiones y al Modelo de Gestión Penitenciaria.
Eliminar trámites burocráticos
Pidió a las autoridades eliminar lo que definió como meros trámites burocráticos, los cuales, explicó mantienen en prisión a dos mil personas que ya han cumplido sus condenas.
En otro orden, Surun cuestionó que a los privados de libertad se les prohíba la visita de sus familiares, cuestión, que indicó, perjudica sus derechos fundamentales, pues es una violación al artículo 103 de la Ley 113-21, que consagra que la restricción de visitas a los reclusos solo puede implementarse sobre la base de una orden judicial.
“El Estado dominicano es deudor de las garantías constitucionales en favor de todos los privados de libertad, lo que obliga a protegerlos y, por ende, deben implementar las medidas de urgencias para garantizarles ese derecho”, precisó el jurista
En la carta enviada a las autoridades del sistema judicial y penitenciario, el presidente del CARD recomendó varias medidas para descongestionar las cárceles.
Una de ellas es establecer un mecanismo de fiscalización y conteo automático del tiempo de privación de libertad para cada interno. Con esto se quiere que la puesta en libertad opere de manera automática, justo en el tiempo en que la pena es cumplida o el sistema de cumplimiento es variado.
Otras recomendaciones hechas por el gremio
También, Surun recomendó la instauración de una base de datos de cada justiciable, en la que se encuentren desde la orden de arresto, las subsecuentes sentencias, hasta el auto de ejecución de la pena, que debe contener la orden de libertad en fecha y hora fija, en cuya ejecución no debe intervenir autoridad alguna, salvo el director de centro carcelario, en ejecución de dicho auto de ejecución de la pena. Igualmente, reiniciar las visitas carcelarias.
