Santo Domingo.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz Jiménez anunció este jueves que presentará un un proyecto de ley dirigido a facilitar la contratación de trabajadores mayores de 45 años de edad.
La normativa, de acuerdo a su información, tiene por objetivo facilitar la reinserción en el mercado de trabajo de las personas de este rango de edad y promover su capacitación profesional.
Se trata, según señaló, de establecer incentivos y beneficios para las empresas que contraten esos trabajadores y ayudar a obtener un empleo a los que se encuentren en situación de desempleo por largo tiempo y que pertenezcan a hogares cuyos ingresos estén por debajo de la línea de pobreza.
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“Es bien sabido por todos que (las personas mayores de 45 años) caen en un vació existencial, que las empresas no contratan personas mayores de 45 años de edad, e inclusive, hay una resolución que establece que no pueden entrar al campo laboral mayores de 55 años de edad, lo que lógicamente vulnera la Constitución de la República, que establece que el Estado debe ofrecer garantías de inserción laboral a los ciudadanos de esta nación”, sostuvo el congresista.
La normativa consigna descuentos en las cuotas a pagar por las empresas en las cotizaciones por la Seguridad Social de hasta el 65 por ciento y deducciones en el impuesto de sociedades.
La propuesta contempla desaparecer la limitación actual de 55 años para poder acceder a un empleo en el sector público, la cual, de acuerdo a Díaz, no solo carece de justificación legal, sino que también es inconstitucional y representa una discriminación carente de sentido, máxime cuando la jubilación es un derecho que se puede solicitar a partir de los 65 años.
Para el legislador, el gasto social y el coste fiscal que se puede derivar de la propuesta para el Estado queda suficientemente compensado con la aportación que la misma supone al garantizar la dignidad y el derecho fundamental al trabajo de los que se benefician de la implementación de la ley, así como las economías consiguientes para el erario público en ayudas sociales que dejarán de percibir las personas que como consecuencia de su aplicación accedan a un puesto de trabajo.
El legislador perremeísta consideró que es injusto dificultar a alguien el derecho al trabajo alegando razones de edad si se encuentra en plenas condiciones físicas y psíquicas para hacer un trabajo.
