El juicio por los sobornos de Odebrecht continúa mañana donde el imputado Víctor Díaz Rúa tendrá la oportunidad de comenzar a presentar sus pruebas y convencer a las juezas de que no recibió sobornos para favorecer a la constructora para la adjudicación de obras públicas.
La defensa del exministro de Obras Públicas, acusado de soborno, lavados de activos e enriquecimiento ilícito, iniciará con las pruebas a descargo que están de forma escrita, es decir, las documentales, para luego pasar con los testigos.
El jurista Miguel Valerio, coordinador de la barra de abogados de Díaz Rúa, indicó que su defensa es técnica y que con estas pruebas van a demostrar que “de mala fe” le atribuyen al exfuncionario cuentas de campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para que figure que manejó grandes recursos de forma ilícita.
Los abogados llevarán cinco testigos al juicio por los US$92 millones en sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en sobornos para ser favorecida con obras estatales.
Ellos son Ramón Rivas Codero, Rosa Nidia Vicente, José Miguel Ureña, Miguel Ángel Logroño Di Vanna y el ingeniero Diego de Moya Sander, quienes tendrán que comparecer ante las juezas Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Valerio dijo que con los testigos se explicarán que los adendas a los proyectos de carretas que dice el Ministerio Público era una maniobra para la corrupción, en realidad eran peticiones de los usuarios, es decir, que eran necesarios.
En audiencias pasadas, Díaz Rúa ha expresado que el expediente que elaboró el Ministerio Público en su contra está “sesgado y lleno de falsedades”. El año pasado manifestó que cuando estalló el escándalo de soborno, el gobierno del expresidente Danilo Medina, hizo un plan “´para buscar culpables favoritos sin ellos salir lesionados”
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha dicho que cuando Díaz Rúa fue ministro de Obras Públicas y director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) recibió US$856,804 como soborno de Odebrecht, a través de empresas de Ángel Rondón Rijo.
