Santo Domingo.- Los defensores públicos, quienes asisten a las personas en conflicto con la ley de manera gratuita, realizarán un paro nacional de labores por 72 horas a partir de mañana miércoles.
La decisión de la Asociación Dominicana de Defensores Públicos se debe a que, según explicaron, en los últimos meses no han recibido los pagos correspondientes por parte de la Oficina Nacional de Defensa Pública.
En la convocatoria, la asociación, que también agrupa los abogados contratados por la Defensa Pública, explica que además de la falta de su salario, se les informó que el bono vacacional, que hasta febrero se les otorgaba, será eliminado.
“Según nos informa la dirección, la ley no contempla que lo recibamos, no obstante, todo el personal del Poder Judicial lo recibe, todos los empleados del MAP lo reciben, los empleados del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, entre otros”, dijo en la circular.
Indicaron que con el fin de resolver el problema se han reunido con el director de la Defensa Pública y le han planteado los grandes trastornos que causa la marcada irregularidad en cuanto a no saber cuándo ni que será pagado cada mes, pero que hasta la fecha la situación continúa.
“Los defensores públicos merecen trabajar en mejores condiciones es por eso que la directiva de esta asociación convoca a todos los defensores públicos y abogados contratados a un paro de labores por 72 horas”, expresó la asociación en la convocatoria.
El paro iniciará mañana miércoles 5 de agosto a las 8 de la mañana hasta el viernes 7 a las 6 de la tarde.
El salario de un defensor público, que depende de la categoría en que se encuentre, oscila entre los 60 a casi 80 mil pesos.
Hasta febrero del pasado año, de acuerdo a lo explicado por el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, contaban con 126 defensores públicos en todo el país y con 158 abogados adscritos.
En una entrevista con este medio, Valentín indicó que la cantidad no es suficiente para la alta demanda que tienen, pues un solo defensor tiene bajo su cargo entre 400 y 500 casos activos y semiactivos.
Esa vez, el jurista indicó que reciben un presupuesto anual de 542 millones de pesos, sin embargo, se necesitan adicionalmente como mínimo 100 millones de pesos.
