Santo Domingo – El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, presentó ante el Tribunal Constitucional una opinión a favor de que se cumplan las disposiciones constitucionales y convencionales que ordenan salvaguardar y proteger a las personas con discapacidad auditiva, especialmente en lo que concierne al lenguaje de señas.
La institución introdujo esta opinión mediante un “amicus curiae”.
Una figura constitucional cuyo objetivo es colaborar en la edificación del Tribunal Constitucional cuando se trate de casos de trascendencia constitucional o que resultan de interés público.
Esta opinión del Defensor del Pueblo sugiere al Tribunal Constitucional ponderar los argumentos de la “Acción directa de inconstitucionalidad por omisión legislativa al inobservar 26, 39 numeral 3 y 64 numeral 2 de la Constitución”.
Y el artículo 30 numeral 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, presentada por la Asociación Nacional de Sordos de la República Dominicana (Ansordo).
En este sentido, la opinión del Defensor del Pueblo persigue que se ordene al Congreso Nacional cumplir con estas disposiciones.
