San Francisco de Macorís.- El abogado de la familia de Emely Peguero, José Martínez Hoepelman, se mostró satisfecho del trabajo que ha realizado los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Duarte en el caso que se le sigue a Marlin y Marlon Martínez por el asesinato de la adolescente embaraza Emely Peguero.
Dijo que todo lo que como abogados de la parte acusadora, lo que han presentado “de la boca hacia afuera” ha sido acreditado a través de pruebas periciales, audiovisuales y testimoniales.
“El juicio ha transcurrido de manera normal, los jueces se han comportado de una manera excepcional garantizándole los derechos a todas las partes. No hay ningún motivo para que la ciudadanía desconfíe absolutamente nada de este tribunal”, expresó Martínez Hoepelman previo al inicio del juicio de fondo que continúa este viernes.
Reiteró que el juzgado se ha comportado a la altura del proceso y que espera que continúe así porque hasta el momento no merece ningún cuestionamiento.
De su lado, Ricardo Reina, representante legal de Marlin indicó que solo falta que el Ministerio Público presente ocho testigos referenciales, quienes a su juicio ninguno pueden decir que fue lo que sucedió en el apartamento de su defendida.
Luego llegaron los testigos de la defensa, de los cuales hay cuatro en comunes con el MP y de los que renunciará porque ya fueron escuhados.
“Nos quedarían como tres testigos, más dos de Marlin. Yo creo que en el día de hoy ya se finalizaría con los testigos”, apuntó el Reina.
Subrayó que si finalizan esa parte hoy, restarían las audiencias para conocer las conclusiones, discursos finales y una próxima a los fines de la réplica para luego esperar la sentencia.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Duarte continúa este viernes la primera de tres audiencias que fueron programadas dentro del juicio de fondo que se lleva a cabo en torno a la muerte de la adolescente Emely Peguero, quien fue asesinada aparentemente por su novio cuando se encontraba con cinco meses de embarazo, en un hecho que se atribuye a un aborto inducido de acuerdo al proceso investigativo realizado por las autoridades.