El abogado de uno de los imputados en la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Coral G5 recusó este martes a la jueza que conoce el caso en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Julio Cury, representante legal del general Julio Camilo de los Santos Viola, solicitó que la jueza Kenya Romero no conozca la medida de coerción de los 13 imputados porque ésta está predispuesta, debido a que ella fue la que ordenó la orden de arresto y conoció la coerción de los sometidos en el caso Coral y Coral G5.
De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, explicó que “lo único que la defensa puede conseguir con esto es una dilación innecesaria del proceso, pero está perdiendo algo de vista, puede retrasar, pero la fuerza de la verdad lo va perseguir”.
Ante la petición de la defensa, la magistrada Romero rechazó la solicitud y ahora la Corte de Apelación del Distrito Nacional deberá decidir si continuará con el conocimiento de esta medida.
Ante de está solicitud, la jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte, al imputado De los Santos Viola le había rechazado un hábeas corpus que interpuso bajo el alegato de en el proceso de arresto en su contra se cometieron irregularidades.
Ahora hay que esperar la decisión de la Corte de Apelación, para que un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la audiencia de medida de coerción contra los generales Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, quienes fueron subjefes del y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), los otros ocho militares y los dos civiles acusados de actos de corrupción en las referidas instituciones castrenses.
Las acusaciones contra los 13 implicados, tres de ellos generales activos, van desde coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, falsedad y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y hasta testaferrato.
Al grupo se le imputa ser parte de una red que distrajo millones de pesos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
