Ya el caso Odebrecht terminó en primera instancia, pero en los tribunales siguen otros de corrupción y uno de ellos próximamente estará en juicio de fondo.
La justicia no se detiene. El caso Super Tucano, que incluso es más viejo que Odebrecht, el 11 de noviembre próximo comenzará su cuenta regresiva para determinar si los imputados son culpables o inocentes.
Llegar hasta aquí ha costado cinco años y ahora los juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidirán la suerte de este largo proceso judicial por los 3.5 millones de dólares que Embraer admitió haber pagado en sobornos para la compra y venta de ocho aviones Super Tucano.
Los implicados son el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; y el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD).
También Daniel Aquino Hernández, de la empresa 4D Business Group, S. A. (hoy 4D Business Group, S.R.L.), que representa dicho imputado, así como de la compañía Magycorp, S. A. (hoy Magicorp, S.R.L).
Los otros casos
¿En qué están los otros casos? Pues hay uno en juicio de fondo, otro en audiencia preliminar y cuatro más en la fase preparativa del proceso.
El que está en juicio de fondo es el caso de los presuntos actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) y el asesinato del abogado Yuniol Ramírez, aunque el proceso aún no ha arrancado debido a varios aplazamientos y se espera que lo haga el próximo 23 de noviembre.
Los jueces Clara Castillo, Deivy Peguero y Evelyn Rodríguez, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tienen en sus manos decidir si son culpables o no Manuel Rivas y Faustino Rosario, implicados en los actos de corrupción; José Mercado, Víctor Ravelo, Jorge Abreu y Heidy Peña, imputados por la muerte de Ramírez.
En ese orden, aún no se ha fijado fecha para el caso específico de Argenis Contreras, principal implicado en el referido caso, cuyo proceso fue enviado a fondo en octubre pasado. El Ministerio Público pretende solicitar la fusión de ambos expedientes.
Por otro lado, el caso Los Tres Brazos aún no ha podido superar la etapa preliminar. La próxima audiencia será este viernes 22 donde los fiscales tienen previsto comenzar a presentar las pruebas documentales en las que sustenta la acusación que elaboraron.
Este caso inició en junio de 2018 y son imputados Leoncio Almánzar, Manuel Aybar, Irving Cruz y Rosabel Castillo. El juez Juan Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce la audiencia.
Los que están iniciando
El más adelantando es el caso Pulpo, ya que el 3 diciembre, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) debe presentar acusación formal.
Luego de ahí se asignará un tribunal para que conozca la audiencia preliminar contra los hermanos del exmandatario Danilo Medina, Alexis y Carmen Magaly; Francisco Pagán, Aquiles Christofer, Fernando Rosa, Freddy Hidalgo, Julián Suriel Suazo, José Santana, Domingo Santiago y Wacal Méndez.
El plazo del caso Coral vence el 11 de enero, aunque la Pepca puede solicitar una prórroga de cuatro meses. Están implicados Adán Cáceres, Rossy Guzmán, Tanner Flete, Rafael Núñez de Aza y Raúl Girón.
Los fiscales tienen plazos para presentar acusación
En el caso específico del proceso judicial por el fraude en la Lotería, el 18 de febrero terminan los ocho meses que tiene la Pepca para investigar y acusar formalmente a los procesados Luis Dicent, exadministrador de la entidad; Willian Rosario, Valentina Rosario, Carlos Berigüete, Jonathan Brea, Edison Perdomo, Miguel Mejía, Rafael Mesa, Eladio Batista y Felipe Santiago. Y con el denominado caso Medusa, los fiscales tienen hasta el 13 de abril. Los imputados son el exprocurador Jean Alain Rodríguez, Miguel José de Moya, Jonnathan Rodríguez Imbert, Rafael Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado, Javier Forteza Ibarra, Alfredo Solano Augusto, y Jenny Marte Peña. El artículo 370 del Código Procesal Penal establece que el plazo para presentar acusación son ocho meses, si se ha dictado la prisión preventiva o el arresto domiciliario, como ha ocurrido en este caso. En caso de que el Ministerio Público justifique la necesidad de una prórroga ante un juez, solo se le puede otorgar cuatro meses más. Si concluido el plazo, los fiscales no presentan acusación u otro requerimiento conclusivo, el artículo 44 del Código Procesal Penal, establece que la acción penal se extingue, es decir, el proceso judicial se cae.
