El coronel Rafael Núñez de Aza, implicado en el caso de corrupción denominado Coral, solicitó a un tribunal que le varíen la prisión preventiva que cumple en la cárcel Najayo, desde mayo pasado, pero su petición fue denegada.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de conocer la revisión de la medida de coerción, que interpuso el imputado a través de sus abogados, decidió mantenerlo en prisión, acogiendo así el petitorio del Ministerio Público.
Al respecto, la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que el tribunal entendió que no hay lugar a variar la medida de coerción, ya que se mantiene el peligro de fuga.
En la audiencia de ayer, explicó Ortiz, también se conoció una solicitud del mayor general Adán Cáceres, principal imputado en este caso, que presentó con el objetivo de que sus abogados tengan acceso al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres “con mayores libertades”.
La fiscal indicó que el tribunal concedió un espacio de tiempo más prolongado, pero estableció que Cáceres “tiene que respetar las normas del recinto penitenciario, que no puede existir ningún tipo de privilegio y que sus abogados tienen que conducirse bajo las normas establecidas en el recinto penitenciario, ya que no podemos tener normas exclusivas para imputados exclusivos”.
La coordinadora de Litigación de la Pepca aseguró que dada “la complejidad del caso y de las pruebas contundentes que ha presentado el Ministerio Público”, los abogados de Cáceres requirieron más horas con su representado.
En mayo pasado, el Ministerio Público llevó a la justicia a Cáceres, Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán, el cabo Tanner Flete, el sargento Alejandro Montero y al mayor Raúl Girón.
