La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) planteó este lunes necesidad de un consenso tripartito –basado en el diálogo social- que procure más y mejores empleos, así como empresas sostenibles.
El presidente de la organización, Fermín Acosta, compartió la expectativa de que ese consenso, en la adopción de acciones y políticas de empleos, genere soluciones a las distorsiones que presenta el mercado laboral dominicano.
“Desde años atrás, nuestro país goza de relaciones laborales armoniosas y fluidas con trabajadores y Gobierno. Apostamos a que esta fortaleza y que, junto a los mecanismos de diálogo apropiados, facilite la consecución de mejoras en el plano institucional que se conviertan en respuestas a las distorsiones presentes,” apuntó en un comunicado.
El dirigente empresarial se pronunció en esos términos ante el Plenario de la Conferencia Internacional del Trabajo 2018, auspiciada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se desarrolló en Ginebra, Suiza, a la que asistió una delegación de empleadores del país caribeño.
Replanteó el interés del sector patronal en “Un Gran Acuerdo por el Empleo”, que propicie empresas sostenibles para generar trabajo decente, fomentar la universalización de la protección social, alcanzar niveles de competitividad que impulsen la inversión y la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores.
“Tal y como se establece en esta Conferencia Internacional del Trabajo, la consolidación del diálogo social facilitará una cooperación eficaz que impulsará alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible,” expuso Acosta.
Desde su óptica, el diálogo social puede impulsar la disminución de la pobreza, promover acciones orientadas hacia la responsabilidad social de las empresas y contribuir con un cambio de perfil en la población trabajadora a través de educación de calidad y la formación dual para el trabajo.
El presidente de Copardom resaltó el rol de la Mesa Tripartita para la Resolución de Conflictos, que se ha constituido en su país y dijo esperar que la misma sea una herramienta equilibrada y justa para evaluar los derechos de las empresas y de sus colaboradores.
