La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró este lunes que el caso de David de los Santos, muerto de manera violenta luego de ser arrestado por la Policía Nacional, forma parte de una acostumbrada práctica de maltrato y tortura retomada por la institución llamada a garantizar el orden y la seguridad ciudadana, para tratar de sacar confesiones en los destacamentos.
El presidente de la entidad protectora de los derechos humanos en República Dominicana, Manuel María Mercedes, fue enfático en señalar que en los destacamentos del país existe la cultura de obtener confesiones de personas arrestadas “a través de tortura, trato cruel, inhumano y degradante”.
Puso como ejemplo el caso de un joven en Villa Juana, a quien lo habrían torturado “machacándole los genitales, para que confesara un hecho que alegadamente no cometió”. “Al final el joven fue dejado en libertad con la asistencia de la CNDH, porque estaba en unas condiciones que todavía estamos esperando que la fiscal de ese lugar actúe”.
En este sentido, sostuvo que con el caso de David de los Santos, suman 7 las muertes en circunstancias similares en lo que va de esta gestión policial, encabezada por el mayor general Eduardo Alberto Them. “De las siete muertes hay cinco confirmadas y estamos trabajando dos casos que presentaremos en los próximos días”.
Fiscales abandonan destacamentos
Al ser entrevistados en el programa Despierta con CDN, María Mercedes y Leidy Blanco García, afirmaron que los fiscales abandonaron los destacamentos policiales y muchas veces validan las informaciones de la Policía Nacional sin ninguna verificación.
El presidente de la CNDH en el país dijo que fue el exprocurador Jean Alain Rodríguez que decidió sacar a los fiscales de los destacamentos y concentrarlos en lugares específicos, para que se convirtieran en supervisores.
“Los fiscales tenían que estar ahí y cualquier familiar que tuviera una queja veía al Ministerio Público; ahora hay un solo fiscal para cinco destacamentos, usted los llama y no toman el teléfono”, agregó.
María Mercedes condenó, además, que desde el año 2010 al 2021, según afirmó, se han producido casi cinco mil muertos en la institución que está llamada a proteger los derechos humanos en el país. “Y no pasa nada, cuántos tenemos sometidos, al contrario, tenemos casos de oficiales y militares que asesinaron personas y después de 10 años son ascendidos, en vez de ser suspendidos”.
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De su lado, Leidy Blanco sostuvo que la Policía Nacional no tiene estadísticas claras de los asesinatos que se producen a través de los llamados intercambios de disparos, y los calificó de “ejecuciones extrajudiciales”.
La también excoordinadora general de Participación Ciudadana indicó que para obtener estadísticas certeras de “ejecuciones extrajudiciales” hay que dirigirse a las organizaciones sociales que trabajan esos temas.
“Lamentablemente ni la Policía ni la Procuraduría General de la República tienen estadísticas claras de estos casos. Realmente cuántos David hay, cuántos Báez y Custodio hay? Estos simplemente son algunos ejemplos de lo que ocurre en la institución”, expresó la abogada.
Dijo que el pueblo dominicano tiene que verse en la realidad que están viviendo hoy los familiares de estos tres ciudadanos que fueron asesinados violentándoles todos sus derechos en condiciones denigrantes.
Manifestó, además, que la Policía Nacional que tiene el país no es la que aspira y merece el pueblo dominicano.
La reforma policial
Al ser preguntados sobre la reforma policial que está en proceso de elaboración, Leidy Blanco indicó que el pueblo dominicano empezó a conocer lo que está ocurriendo con la misma a partir del caso de David de los Santos.
Para ella, las medidas que anunció el Gobierno para garantizar la integridad física y derechos humanos de arrestados por la Policía Nacional, buscan calmar el sentimiento de impotencia que tiene la sociedad dominicana.
Por otra parte, María Mercedes y Leidy Blanco deploraron que el Gobierno mantenga archivado unos 20 reglamentos que elaboraron para aplicar la Ley de la Policía Nacional, cuando ya fueron validados por el Consejo Superior del Poder Policial.
“La Ley de la Policía tenía más de 10 años sin ser operante por falta del reglamento, el grupo entregó 20 reglamentos, el Consejo Superior Policial lo vio, hizo sus recomendaciones y los enviaron al Poder Ejecutivo y todavía no sabemos lo que ha pasado, cuando ya debió estar en el Congreso”, dijo la jurista.
