SANTO DOMINGO (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el viernes medidas regionales para atender la situación de miles de venezolanos que han tenido que emigrar por la crisis política y económica que sacude a su país.
“Hay una situación bastante dramática de migración de venezolanos por toda la región”, sostuvo Luis Ernesto Vargas, segundo vicepresidente de la CIDH, durante una audiencia en Santo Domingo sobre la situación de los migrantes venezolanos.
Vargas llamó la atención de forma especial sobre las mujeres venezolanas que “están siendo objeto de la trata, sobre todo para la explotación sexual”.
La sesión, que forma parte del periodo de audiencias de la CIDH, se realizó una semana después de que las autoridades dominicanas rescataran a 21 mujeres venezolanas, incluidas menores de edad, que eran explotadas sexualmente en un bar del oriente del país cerca del complejo turístico de Punta Cana.
Se trata del tercer grupo de mujeres venezolanas que son rescatadas de las redes de prostitución en República Dominicana en los últimos dos años, cuando miles de migrantes venezolanos llegaron al país caribeño en busca de trabajo.
Durante la audiencia diversas organizaciones de derechos humanos narraron situaciones de violencia que han enfrentado los migrantes venezolanos en Brasil, de explotación laboral en Ecuador y dificultades burocráticas para regularizar su situación en Bolivia y República Dominicana.
Ana María Rodríguez, una migrante venezolana, relató que debido a las trabas burocráticas de su país para expedir documentos de identidad los migrantes no pueden obtener permisos de residencia en República Dominicana por lo que no acceden a un trabajo formal y a servicios de salud adecuados.
Rodríguez aseguró que algunos documentos de identidad que les exigen las autoridades dominicanas deben ser tramitados en Venezuela, donde pueden tardar hasta un año en ser expedidos.
Los migrantes “están perdiendo la posibilidad de regularizarse cuando tienen que esperar hasta 26 meses” para renovar un pasaporte, aseguró Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Las organizaciones de la sociedad civil aseguraron que, pese a que las Naciones Unidas hizo un llamado a los Estados de la región a acoger a los migrantes venezolanos, los países aún ponen diversas trabas burocráticas para que puedan insertase en la sociedad.
