BUENOS AIRES (AP) — La principal central sindical argentina encabezó el lunes un paro general de 24 horas, el tercero en rechazo a las políticas de ajuste del presidente Mauricio Macri, que mantuvo inactivos los transportes público, aéreo y naviero, las escuelas, los bancos y la administración estatal.
La huelga de la Confederación General del Trabajo (CGT) se sintió con fuerza en la capital argentina por la falta de circulación de autobuses, de trenes y del metro y fue respaldada por otros gremios combativos y organizaciones sociales y políticas que realizaron bloqueos en los principales accesos a Buenos Aires.
En las calles de la ciudad solo circularon a primera hora del día ciclistas, automóviles particulares y taxistas que no se plegaron a la medida.
El paro de actividades se cumplió en el marco de un creciente descontento social por la alta inflación, la fuerte suba de las tarifas de luz, agua y gas, los crecientes despidos en el sector público y la puja de sindicatos por lograr aumentos de salarios superiores al techo fijado por el gobierno de 15%.
Los convocantes a la protesta también rechazan el reciente acuerdo de las autoridades con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de 50.000 millones de dólares que demandará un mayor recorte del gasto público. El crédito se concretó a raíz de la crisis cambiaria de mayo durante la cual el peso sufrió una fuerte devaluación que obligó al Banco Central a vender miles de millones de dólares de reservas.
Macri dijo a periodistas que el paro “no contribuye a nada” y acotó que no ha habido un gobierno “en décadas” con “tanta preocupación” por generar empleo.
Para el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la medida “le va a costar a los argentinos casi 29.000 millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares)”.
Pero los dirigentes de la CGT replicaron a las autoridades que la huelga, con un alto acatamiento, apunta a que se corrija el actual plan económico “especulador” y se garanticen negociaciones salariales libres ante una inflación imparable de la cual los trabajadores “no son responsables”.
“El descontento ha desbordado el encuadramiento sindical… hay gente de comercio, pequeños propietarios que, como han podido, se han manifestado en contra del desorden al que este gobierno nos ha llevado”, dijo Juan Carlos Schmid, uno de los tres dirigentes de la CGT, en conferencia de prensa.
Junto a él se encontraba el paraguayo Víctor Báez, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, quien criticó la deuda de 50.000 millones de dólares que adquirió Argentina con el FMI “y la montaña del dinero ocioso que va a las guaridas fiscales, esos Panamá Papers que van creando esta situación de crisis a nivel internacional”. El dirigente sindical, quien visitó Argentina para ver de cerca la medida de fuerza, reclamó un modelo productivo que genere más empleo.
El comerciante Luis Zárate, dirigente de la agrupación “Vecinos autoconvocados Don Orión” y quien participaba en un corte de acceso a la ciudad, dijo a The Associated Press que se unió a la protesta porque “el costo de vida aumentó 30%… y con paritarias (negociaciones salariales) de 15% de aumento no creo que haya trabajadores que lleguen a fin de mes”.
Unos 71.000 pasajeros de vuelos de cabotaje e internacionales fueron afectados por la medida de fuerza en los dos aeropuertos de Buenos Aires y en otras terminales del país.
En tanto, gasolineras, bancos, escuelas públicas y dependencias de la administración cerraron. El poderoso gremio de los choferes de camiones se adhirió al paro, por lo que el transporte pesado y de caudales y la recolección de basura fueron suspendidos. Sin embargo, el cese de actividades fue dispar entre los comercios.
La CGT realizó una primera huelga en abril de 2017 y una segunda en diciembre de ese mismo año, ambas contra reformas económicas antipopulares.
“Este paro refleja un ánimo social que ya estaba complicado… la reciente corrida cambiaria terminó de quebrar una confianza endeble y la sociedad se encontró con que teníamos que ir al FMI porque necesitamos ayuda”, dijo a AP Matías Carugati, economista jefe de la consultora Management & Fit.
La mayoría de los argentinos considera que el Fondo es responsable de la pobreza generada por los planes de ajuste aplicados durante las crisis económicas pasadas.
En lo que va de año, la moneda argentina se ha depreciado más de 50% y se prevé que ello repercuta en el alza de los precios. Economistas estiman una inflación de entre 28% y 30% anual y muy escaso crecimiento.
El gobierno apuesta a que el préstamo del Fondo estabilice la economía y ayude a Argentina a recuperar la confianza de los inversores.
