La Cámara de Cuentas certifica serie de irregularidades en contratos de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE) con empresas vinculadas al hermano del expresidente Danilo Medina, así como en el proceso de urgencia hecho por el Ministerio de Salud Pública para la reparación y mantenimiento general de 56 hospitales.
La investigación especial aprobada por el Pleno de la Cámara el pasado miércoles 24 de noviembre y que será enviada a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), establece que a Domedical Supply, empresa que el Ministerio Público dice es propiedad de Alexis Medina Sánchez, le hicieron pagos por dos mil 132 millones 667 mil 001 pesos y que esas transacciones carecen de soportes. También resalta que no fueron transparentados 675 millones 452 mil 350 pesos de Itbis.
En ella se explica que los contratos para equipamiento de hospitales hechos con Domedical mediante la modalidad de excepción, no cumplían con las características para tales fines. El monto de esos contratos fue por mil 330 millones 312 mil 117 pesos.
El informe del Pleno refiere que hubo una sobrevaloración en el pago de equipos médicos ascendente a los 512 millones 174 mil 781 pesos y que hay equipos con cambio de precios entre una cubicación y otra, sin justificación y aprobación, por monto de 13 millones 818 mil 664 pesos. Señala, además, que se reportaron 257 millones 831 mil 312 pesos en cubicaciones de equipos sin verificar y en otros casos, hay ausencia de condiciones y complementos que impiden el uso de los equipos entregados.
Destaca que el Estado dejó de percibir dos mil 978 millones 360 mil 070 pesos por concepto de impuestos aduanales y que sin justificación, a través del Ministerio de Hacienda, le realizaron desembolsos por mil doscientos setenta y tres millones, ochocientos doce mil cientos cincuenta y siete pesos. Sin factura de valor fiscal, se pagaron 65 millones 644 mil 258 pesos a contratistas, en tanto que de manera incorrecta se retuvieron 82 millones 699 mil 013 pesos.
En la investigación que abarca los períodos comprendidos entre el 16 de agosto de 2010 hasta el 16 de agosto de 2020, se explica que además de no cumplir con los requisitos para las declaratorias de urgencia, los contratos se realizaron sin que previamente existiese un informe pericial que corrobore la necesidad urgente.
De igual manera, señala que se encontraron contrataciones sin evidencia de previa certificación de fondos, por un monto de cinco mil 287 millones 241 mil 696 pesos.
“Procedan con las medidas pertinentes, en ocasión de que las conclusiones de la investigación especial realizada, evidencian que el análisis legal, análisis técnico y el análisis financiero descrito en las conclusiones de la entidad intervenida, y del informe legal que expresa que los principales funcionarios de la entidad intervenida, actuando en ocasión del desempeño de sus funciones y atribuciones, no observaron las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos”, dice el artículo tercero de la resolución enviada a la Pepca.
El informe también fue remitido a la Oisoe, Ministerio de la vivienda, Hábitat y Edificaciones, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Dirección General de Impuestos y la Contraloría General de la República.
Declaración de urgencia sin informe pericial
En el caso de las contrataciones de urgencia se encontró que se hicieron contrataciones por tres mil 073 millones 527 mil 092 pesos sin un informe pericial que las justifique y que dichas declaratorias de urgencia no fueron remitidas a la Cámara de Cuentas.
Refiere que se hicieron contrataciones sin póliza de seriedad de la oferta por un monto de dos mil 999 millones 535 mil 891 y en otros casos las pólizas de vicios fueron por 236 mil 457 pesos que difiere del monto ejecutado.
Explica que hubo deficiencia en la supervisión de las obras, faltaron informes de supervisión, se hicieron clasificaciones erróneas del gasto, desembolsos duplicados y que a los investigadores, no le remitieron la documentación referente al pago de 61 millones 946 mil 689 pesos.
Refiere que se hicieron desembolsos sin soporte ni sello de pagado por montos de mil 388 millones 150 mil 347 pesos y 61 millones 907 mil 689 pesos, respectivamente.
“Desembolso duplicado, por un monto de RD$4,470,882, correspondiente al pago de la cubicación no.2 del contrato 20-2013, Hospital Municipal Dr. Vinicio Calventi, provincia Santo Domingo”, señala la resolución de la Cámara.
