El director General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró este lunes que el senador Iván Lorenzo no ha procesado una solicitud de acudir al Congreso Nacional para explicar qué ha pasado con un contrato del Ministerio de Haciendas, superior a los 165 millones de pesos, y otros cientos de «contratos malearos» que, según el legislador peledeísta, laceran el interés nacional.
Al ser entrevistado en Despierta con CDN, el funcionario manifestó que la afirmación del senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien lo acusó de negarse acudir al Congreso a explicar esos convenios, no obedece a la verdad, sino que, según su criterio, es una práctica de utilizar el hemiciclo para mentirle al país.
En este sentido, expresó que al parecer el senador Iván Lorenzo «le miente al país y no leyó el contrato o tiene problema de lectura comprensiva». Señaló además, que ese convenio es muy claro y no trata en su objeto contractual de una plataforma tecnológica para pedir comida, como dijo el legislador opositor.
Explicó que el referido contrato del Ministerio de Haciendas fue suscrito para el subsidio de alimentación de los servidores públicos de esta entidad por un período de 2 años, sobre el cual el Ministerio hace una transferencia a cada colaborador dependiendo de su escala salarial.
Carlos Pimentel dice senador Lorenzo desconoce funcionamiento del sistema de contrataciones
“Pero además, hay que decirle al senador que cuando tenga duda, denuncia o sugerencia en su rol de legislador, que formalmente la tramite a la Dirección de Contrataciones, o cualquier órgano que él entienda, porque, cuando escuchamos sus declaraciones, parece que no tiene conocimientos del fundamento legal ni del sistema de contrataciones”, recalcó.
Alegó que en su condición de director General de Contrataciones Públicas no tiene el rol de revisar contratos, por lo que envió al senador peledeísta a investigar cómo funciona el sistema de contrataciones en la República Dominicana.
“Nosotros vamos a estar presente en todos los escenarios que nos requieran, con toda responsabilidad, en el Congreso o en los tribunales de la República cuando así se requiera. También, en las decenas de casos de corrupción que involucran Contrataciones Públicas”, enfatizó.
Pimentel sostuvo que el año pasado fue al Congreso atendiendo a una solicitud del senador Iván Lorenzo. “Me requirieron, y ahí estuve; a la Comisión de Haciendas, y ahí estuvimos; a la Comisión del Senado, y ahí estuvimos”, recordó.
Dijo que en esta oportunidad, al igual que en las anteriores, está en disposición de acudir al Senado y la Cámara de Diputados, así como a cualquier asamblea de juntas de vecinos y organizaciones sociales que les requieran.
Dejó claro que está dispuesto a testificar en todos los casos de corrupción que le requieran, al tiempo de asegurar que el senador Iván Lorenzo no ha procesado una invitación para que asista al Senado de la República. “Ojalá la curse, y cuando lo haga coordinaremos día y hora, ahí estaremos; nosotros vinimos a asumir una responsabilidad en la administración pública”.
Sistema de contrataciones es puerta de entrada al lavado de activos
Por otra parte, Carlos Pimentel afirmó que el sistema de contrataciones públicas en la República Dominicana es una puerta de entrada al lavado de activos.
En este sentido, indicó que la Dirección General de Contrataciones Públicas en la actualidad está desarrollando una unidad de prevención al lavado de activos en los procesos de contrataciones.
“Actualmente tenemos un proceso de consultas para modificar la política de registro de proveedores del Estado. Actualmente en nuestro portal hay una consulta pública abierta, porque entendemos que al registro de proveedores hay que colocarle mecanismos que establezcan mayores niveles de control”, precisó.
Sin embargo, aclaró que no pueden extralimitarse del mandato que establece la vigente Ley de Compras y Contrataciones Públicas, por lo que consideró de alta significancia que se apruebe el proyecto de modificación que reposa en el Congreso.
Licitación de Punta Catalina
Al ser presentado del proceso de licitación de la Termoeléctrica Punta Catalina, Carolos Pimentel respondió que: “debo señalar primero que el sistema de contrataciones funciona sobre la base de la norma y políticas del órgano rector, y la descentralización operativa es responsabilidad de los entes contratantes. Segundo, después de la publicación y recepción de las ofertas, la licitación toma tiempo para ser evaluadas”.
Dijo que en la actualidad Compras y Contrataciones desconoce en qué etapa a ciencia cierta se encuentra el proceso de licitación de Punta Catalina. “En estos momentos no sabemos si fueron evaluadas las ofertas y si las empresas ya fueron adjudicadas”, sostuvo.
Explicó que un proceso de esa naturaleza está revestido de complejidades, sobre todo cuando hay multiplicidad de ofertas que participan y evaluación de carácter técnico y financiero que dificultan el proceso. “No es igual que un proceso de licitación para adquirir cinco minibuses o cualquier otro bien o servicio”.
Sin embargo, el funcionario admitió que un proceso de licitación como el de Punta Catalina debería terminar en un período no mayor de un año ni menos de seis meses.
“Obviamente tenemos que ver el momento de la convocatoria, recibir ofertas, proceso de evaluación de las mismas y no tengo honestamente no tengo el calendario de ese proceso para saber si tiene un año o menos”, subrayó.
Carlos Pimentel precisó que lo importante es contar con un proceso caracterizado por el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de transparencia y eficiencia de la gestión. “Y que el país pueda tener una nueva planta que inyecto más megas al sistema eléctrico del país”.
Aspectos novedosos del Proyecto de Ley de Compras y Contrataciones
A ser preguntado sobre las novedades que traerá la nueva Ley de Contrataciones Públicas, Pimentel dijo que la legislación en proceso de aprobación debe restablecer el sistema de consecuencias, ya que, según su criterio, seis meses después de ser promulgada en el año 2006 fue modificada para extirpar su régimen de consecuencias y permitir la impunidad.
“La debilitaron para que la Ley no funcione y sobre la base de su propia normativa permitir que se instalara la impunidad a través de las contrataciones públicas. Hay que devolver el sistema de consecuencias con sanciones de tipos administrativa, penal y disciplinaria”, expuso.
Asimismo, adelantó que en el proyecto de ley se incluyen nuevas modalidades de contratación que se conoce como convenios marcos y se define sobre la base de combinar los umbrales y objetos de contratación. “Los convenios marcos buscan que sobre la base del análisis de datos se identifique qué vienes va a adquirir cada institución del Estado que permita consolidar y compararlas de manera conjunta para tener mayor nivel de escala”.
Otro elemento novedoso que traerá la nueva legislación tiene que ver con el valor por dinero y nuevos criterios de evaluación vinculados a aspectos ambientales y sociales que permitan al Estado comprender que no necesariamente debe adquirir los bienes y servicios más baratos, sino lo que necesita a precios justos.
