Según Brenes, dicha comisión tendría a tres representantes de cada parte.

Las conversaciones entre el gobierno y diversos sectores de la sociedad que habían participado en protestas contra el ejecutivo tuvieron su primera sesión el 16 de mayo en un encuentro marcado por la tensión.

Ese día el presidente Ortega y su esposa, Rosario Murillo, la vicepresidenta y portavoz del gobierno, tuvieron que escuchar duras acusaciones y gritos en su contra que los tachaban de “asesinos”.

“Ordene ya, en este mismo momento, el cese de la represión de la policía, de las fuerzas paramilitares, de las turbas de su partido que nos han estado masacrando y matando”, le espetó Lester Alemán, uno de los dirigentes de los estudiantes antes incluso de que el mandatario pudiera tomar la palabra.

Las manifestaciones comenzaron a mediados de abril para protestar por las reformas a las leyes del seguro social. En cuestión de días, Ortega suspendió dichos cambios, pero las marchas no solo continuaron sino que se hicieron más grandes y empezaron a solicitar la renuncia del sandinista. Al mismo tiempo, fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad y los grupos pro-gubernamentales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el lunes sus primeras observaciones preliminares en las que aseguraba que el gobierno violó los derechos humanos al hacer un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. También dijo que e

Según la CIDH, la respuesta oficial también incluyó medidas de censura contra la prensa, el bloqueo y ataques al funcionamiento de medios de comunicación en Internet como represalia por su cobertura, unas medidas “que nunca pueden ser justificadas y constituyen una forma de censura inadmisible en un sistema democrático”.

Por este motivo, la comisión recomendó la formación de un organismo internacional para investigar los actos de violencia e identificar a los responsables de las 76 muertes y los ataques.