El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República y al Instituto de Auditores Internos, asesoría para seleccionar una firma auditora privada que fiscalice los recursos del gremio.
Miguel Surun, presidente del CARD, informó que a pesar de que los fondos del Colegio no son estatales, porque provienen de las ventas de sellos utilizados para legalizar documentos judiciales, ha acudido a dos organismos fiscalizadores del Estado y a importantes gremios para que colaboren con el proceso.
Explicó que para legitimar aún más la elección de la firma auditora, también requirió a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, al Colegio de Contadores Públicos, a la Fundación Institucionalidad y Justicia y a Participación Ciudadana, acompañamiento, veeduría, asesoría y supervisión para que el proceso de licitación sea realizado conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y que el mismo tenga todas las garantías de transparencia.
Firmas sugeridas para auditoría
Entre las firmas privadas sugeridas para realizar dicha auditoría se encuentran BDO Dominicana, Deloitte, KPMG, Deloitte, Price WaterhouseCoopers, Ernest & Young, ManPower, MasterCard, Mckinsey & Company, The Cocktail, Baker & McKenzie, Right Management Consultant, Basham, Ringey Correa S.C., Mckinsey & Company.
Surun dijo que el CARD ha implementado “férreos” controles contables, conjuntamente con la eficiencia en el manejo de los “limitados fondos” que ingresan a la institución.
“Actuar con pulcritud y apegados a las leyes ha sido el principal norte de esta administración del CARD, por lo que solicitamos dicho acompañamiento”, expresó el jurista.
Los ingresos del gremio establecidos por ley
Surun explicó que la Ley 3-19 del Colegio de Abogados establece el pago de 50 pesos por sellos para ser utilizados en contratos notarizados; registros, modificaciones, renovaciones y transformaciones; registros comerciales tramitados por ante la Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana, actos de alguaciles, conclusiones judiciales y otros.
