Managua.- El canal de televisión crítico con el Gobierno de Nicaragua, 100 % Noticias, amaneció hoy clausurado, luego de que anoche fue objeto de un allanamiento por parte de la Policía Nacional, que arrestó a sus propietarios, una periodista y un conductor.
La Policía nicaragüense mantenía restringido el acceso a la calle donde se ubica la televisora, especialmente para periodistas. Sin embargo, algunos pobladores que tuvieron acceso divulgaron imágenes del edificio en las que se observa su fachada cubierta de láminas de zinc.
Anoche la periodista Lucía Pineda Ubau, de nacionalidad costarricense y nicaragüense, denunció el allanamiento momentos antes de ser arrestada, junto con los propietarios del canal, Miguel Mora y Verónica Chávez, y el conductor Joseph Hernández.
La toma del medio por parte de la Policía se dio a la vez que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirar de su menú el canal 100 % Noticias a partir de las 21.00 hora local de este viernes (03.00 GMT del sábado).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado acciones de este tipo como la más reciente etapa de “represión del Gobierno de Nicaragua”.
Desde el estallido social de abril pasado, Nicaragua atraviesa una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega rechaza los señalamientos y aduce que superó un intento de “golpe de Estado”, pese a que la Acnudh y la CIDH han informado que no existen pruebas de dicha teoría.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.
