Santo Domingo – El informe final de la investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), tras el escándalo conocido como Operación Coral, arrojó irregularidades por más de 6 mil millones de pesos durante la gestión del mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien cumplen prisión preventiva por presuntos actos de corrupción.
Irregularidades detectadas en Cusep
La investigación hecha al Cusep reveló 45 irregularidades. Se confirma que la Seguridad Presidencial no contaba con estados financieros ni registros de sus operaciones a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado. Tampoco tenía manuales de procedimientos internos.
El órgano de seguridad no poseía un portal institucional. Por consiguiente, no publicaba los procedimientos de compras y contrataciones. Esto se daba en violación al artículo 1 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
El personal de la Policía Nacional asignado al Cusep no estaba incluido en la base de datos de la institución. Algunos realizaban funciones a terceros.
Otros hallazgos
Se constataron pagos a proveedores de bienes y servicios sin seguir los procedimientos de selección establecidos por la ley. Además, se evidenciaron expedientes de compras sin certificaciones de pagos de impuestos a la Tesorería de la Seguridad Social por más de 436 millones de pesos. Hubo desembolsos sin comprobantes de facturas.
La Cámara de Cuentas concluye que la entidad no suministró las nóminas del período auditado, que asciende a 870 mil millones de pesos. De igual forma, se comprueba pagos a personal que no laboraba en la entidad por más de 6.5 millones de pesos. Y pagos a personal de otras instituciones del Estado por más de un millón de pesos.
El Cusep hizo pagos a proveedores de bienes y servicios sin respetar los procesos de selección establecidos por la ley. El monto sobrepasó los 683 mil millones de pesos. También efectuó desembolsos sin facturas por valor de 60 millones.
La investigación revela que se realizó retención del impuesto sobre la renta a proveedores, y no remitió a la Dirección General de Impuestos Internos, por valor de 7.4 millones de pesos.
Se registraron desembolsos por concepto de prendas de vestir y dieta por 16 millones de peso. Asimismo, pagos de alimentos, alquiler y servicios de inteligencia por un monto de casi 135 millones de pesos.
Se cometieron irregularidades en la emisión de tickets de combustibles por valor de 245 millones. De acuerdo con la auditoría, no se encontraron evidencias de su distribución, por valor de 204 millones.
La Cámara de Cuentas reportó expedientes incompletos de pagos de dietas e incentivos por casi 40 millones de pesos, así como pagos a proveedores con lazos familiares con funcionarios, por más de 120 millones de pesos.
La investigación se realizó en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2012 y el 16 de agosto de 2020.
