SANTO DOMINGO – “La defensa lo único que puede conseguir con esto es una dilación innecesaria del proceso, pero está perdiendo algo de vista, pueden retrasar, pero la fuerza de la verdad los va a perseguir, los va a perseguir por una razón elemental: cada afirmación que hace el Ministerio Público en este proceso está probada más de 10 veces”, afirmó este martes el procurador adjunto Wilson Camacho.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) hizo la afirmación luego que la representación legal del general Julio Camilo de los Santos Viola, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), recusara a la jueza que le conocería este martes la medida de coerción por estar involucrado junto a otros oficiales en actos de corrupción en el Caso Coral 5G.
La defensa del encartado presentó la recusación contra la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, a quien el Ministerio Público pide que imponga a los involucrados 18 meses de prisión preventiva y que declare el caso de tramitación compleja.
“La recusación que ha presentado la defensa de Viola en el día de hoy es una recusación en la que no se ha presentado en el tribunal ninguna causa que afecte la imparcialidad de la jueza que estaba supuesta a conocer la medida de coerción”, sostuvo el titular de la Pepca.
Agregó que “es una recusación que, incluso, parte de la propia defensa ha catalogado de extemporánea y lo es, es extemporánea”.
En respuesta a periodistas que lo entrevistaron a la salida de la sala de audiencias, Camacho fustigó que la defensa del encartado apele a un argumento tan débil como que la juzgadora fue quien dictó las órdenes de arresto contra el grupo.
En ese sentido, aclaró que la coordinación del tribunal de la Instrucción dicta órdenes de arresto en todos los procesos, lo cual -dijo- ni aquí ni en ninguna parte del mundo es causa de recusación.
Rechazan Habeas Corpus
En otro aspecto del caso, el Ministerio Público valoró la decisión del tribunal que rechazó la acción de habeas corpus que interpuso la defensa de De los Santos Viola, tras establecer que ese órgano de justicia presentó en tiempo hábil la solicitud de medida de coerción en su contra.
La jueza Clara Luz Jiménez, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, conoció la acción de habeas corpus del militar de alto rango.
“Este tribunal rechazó la acción de habeas corpus, que era una acción a todas luces y de forma evidente improcedente, y la rechazó sobre las bases de que el Ministerio Público presentó su solicitud de medida de coerción en tiempo hábil, eso fue una situación que ni siguiera la defensa ha podido negar en este tribunal”, apuntó.
Camacho añadió que la rechazó además porque las razones por las que no se ha conocido la medida de coerción es porque el tribunal les ha dado tiempo a las defensas para revisar el alto volumen de imputaciones y de evidencias que ha presentado el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción de este Caso Coral 5G.
“Esto era obvio, o sea, no había que ser un genio para saber que una decisión de esa naturaleza se debía dictar; incluso, la Suprema Corte de Justicia ya se ha referido a este tema en varias ocasiones”, recordó el titular de la Pepca a miembros de la prensa.
Imputados
Por este entramado de corrupción, el Ministerio Público también sometió a los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También al teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y al mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Junto a la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G.
El auto de solicitud incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En la audiencia también representaron al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, María Melenciano, Jonathan Pérez y Arolin Lemos Féliz.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
