Washington.- El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó este jueves una ley que dificultará que se puedan silenciar los casos de acoso sexual en las empresas y que da a las víctimas más herramientas para poder denunciarlos ante un tribunal.
La periodista Gretchen Carlson, cuya demanda por abuso sexual contra Roger Ailes provocó la dimisión de ese poderoso expresidente de Fox News en 2016, asistió al acto de firma en la Casa Blanca.
“Estoy aquí en nombre de las millones de trabajadoras estadounidenses que hasta hoy no han tenido voz, a las que se ha silenciado por tener la valentía de decir que les había ocurrido algo malo en el trabajo”, dijo Carlson.
La firma de la ley es un triunfo para el movimiento contra los abusos sexuales #MeToo, y una medida que Carlson impulsaba desde hacía años, a través de una organización que creó después de ser despedida de Fox News y de provocar la renuncia de Ailes, fallecido en 2017.
“Creo que esta ley va a detener comportamientos malos, porque ahora todo el mundo sabrá que se van a escuchar las voces de las mujeres”, celebró Carlson.
La medida impedirá que el sector privado fuerce a sus empleados a participar en procesos de arbitraje secretos al margen del sistema judicial, en los que actualmente participan las víctimas y quienes supuestamente han perpetrado los abusos.
En concreto, el proyecto dará a las víctimas poder para decidir si quieren acudir directamente a la Justicia para resolver sus denuncias de abuso y acoso sexual.
Unos 60 millones de trabajadores estadounidenses tienen incluida en sus contratos la obligación de resolver disputas sobre acoso sexual mediante procesos de arbitraje, “y muchos ni siquiera lo saben”, aseguró Biden durante el acto.
“La justicia no debería funcionar así, dando a los empleadores el poder absoluto de decidir. La empleada debería poder elegir si quiere ir o no a los tribunales”, recalcó el presidente.
La propia Carlson -interpretada por Nicole Kidman en la película de 2019 “Bombshell” (“Escándalo”)- enfrentó un proceso de arbitraje cuando denunció inicialmente a Ailes, aunque finalmente consiguió demandarlo personalmente gracias a las garantías de la ley de derechos civiles de Nueva York.
Sin embargo, la reportera sabía que no todas las mujeres tienen ese mismo derecho, y desde hace años había luchado para liberar a las supervivientes del proceso “secreto” de arbitraje forzado.
Más allá del entorno laboral, muchos consumidores y pacientes han firmado en los últimos años documentos para alquilar un apartamento o recibir atención médica sin saber que estaban renunciando a su derecho de demandar a la empresa en caso de experimentar abusos sexuales.
Esos procesos de arbitraje estaban liderados por profesionales del sector privado que en el 77 % de los casos eran hombres y en el 88 % blancos, según la Asociación Estadounidense de Justicia (AAJ, por su sigla en inglés). EFE
