El Banco Mundial advirtió este miércoles que una recuperación sostenida del crecimiento después de la pandemia requerirá reformas para aumentar la competencia, mejorar el clima empresarial y fomentar la integración con las cadenas de valor mundiales (incluido el posicionamiento del país para una posible ola de relocalización o “near-shoring”).

Plantea que “el sector formal dominicano es relativamente pequeño y las grandes empresas establecidas dominan los mercados clave, distorsionando los precios y desacelerando el crecimiento de la productividad”.

“Las barreras regulatorias son un obstáculo importante tanto para la formalización de empresas nacionales como para la entrada de inversionistas extranjeros, pero las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis de covid-19 ofrecen una oportunidad para superar la oposición de intereses creados y avanzar rápidamente en la agenda de reformas estructurales”, dice la organización.

Se refiere al tema en el informe “Revisión del Gasto Público en República Dominicana”, que fue presentado por los expositores Johannes (Han) Herderschee, economista; Miriam Montenegro, especialista en Protección Social y Trabajo; y Craig Kullmann, especialista en abastecimiento de agua y saneamiento.

Sobre la publicación se hizo una presentación virtual en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con el propósito de brindar recomendaciones para lograr un crecimiento inclusivo con mayor eficiencia y mejorar la calidad del gasto.

“Si bien la reforma del clima empresarial es una prioridad urgente, también es un proceso a largo plazo y debe estar guiado por una estrategia bien diseñada que secuencie adecuadamente las reformas y goce de un amplio apoyo político”, indica el estudio.

De acuerdo con los sustentantes, tras 25 años de fuerte crecimiento económico promedio y tasas de pobreza en declive, la pandemia del coronavirus ha desencadenado una profunda recesión en la República Dominicana y los niveles de pobreza están aumentando por primera vez en décadas.

Estima el Banco Mundial que el producto interno bruto (PIB) anual se contrajo 6.7 por ciento durante 2020 y los datos preliminares sobre empleo sugieren que la tasa de participación de la fuerza laboral cayó del 64.9 por ciento en el tercer trimestre de 2019 al 59.7 por ciento en el tercer trimestre de 2020.

“Si bien se están implementando medidas para abordar la recesión, el gobierno ha anunciado que volverá a una postura fiscal sostenible. Mientras tanto, los responsables de formulación de políticas están comprometidos con mejorar la prestación de servicios y acelerar la creación de empleos en el sector formal”, sugiere el análisis.

El estudio presentado sobre la revisión del gasto público está diseñado para respaldar los esfuerzos del gobierno para lograr sus prioridades de política, que incluyen mitigar el efecto de la crisis en el empleo y la pobreza, posicionar al sector privado para una recuperación sólida y mantener una dinámica sostenible de la deuda.

La citada revisión fue solicitada por el gobierno en diciembre de 2019, pero su alcance se ha revisado ampliamente para reflejar la rápida evolución de la crisis de covid-19.

El análisis se basa en la revisión del gasto público del país realizada con anterioridad por el Banco Mundial, que se completó en octubre de 2019.

La anterior cubría la política fiscal y el gasto en electricidad, educación y salud. A solicitud del gobierno. Esta vez inicialmente tenía como objetivo centrarse en los riesgos fiscales derivados de las empresas estatales y las asociaciones público-privadas, así como en el gasto público en los sectores de servicios de agua y saneamiento y de protección social, mientras se preparaba una nota de política separada sobre los desafíos transversales que plantean las altas tasas de embarazo en la adolescencia.

El banco asegura que “a medida que la pandemia trastornó la economía de la República Dominicana y alteró radicalmente la posición fiscal del gobierno, se agregó un capítulo introductorio para situar la política fiscal en el contexto de los recientes desarrollos macroeconómicos.

El equipo también agregó una nota de política sobre posibles reformas a la política y la administración tributarias que ofrece sugerencias sobre medidas que podrían contribuir a estabilizar la relación deuda/producto interno bruto.

Cuidado con dañar a los pobres

Los planteamientos del BM van en la dirección de que “asegurar la sostenibilidad de la deuda será una prioridad clave después de las políticas de estímulo fiscal adoptadas en respuesta a la pandemia, pero esto debe hacerse con cuidado para evitar dañar a los pobres o la recuperación.

Indica que a medida que se desarrollaba la pandemia, una abrupta caída de la actividad económica, junto con un aumento en el gasto de emergencia, hizo que la relación deuda/PIB del sector público no financiero (SPNF) pasara del 40.4 por ciento en 2019 a un estimado de 55.5 por ciento en 2020.

Antes de la pandemia, los pagos de intereses sobre la deuda del SPNF habían aumentado de manera constante como proporción del PIB, pasando del equivalente al 1.8 por ciento en 2009 al 2.7 por ciento en 2019 y después al 3.7 por ciento estimado en 2020.

El BM resalta que “una fuerte postura fiscal contracíclica, consistente en gastos de emergencia y desgravaciones fiscales, fue la política más adecuada para mitigar el impacto económico de la crisis en los hogares pobres y vulnerables y en la economía.

Sugiere que algunas de esas políticas deberán mantenerse a mediano plazo para apoyar la recuperación económica (es decir, para evitar una retirada brusca del impulso fiscal) y continuar ayudando a los hogares más pobres.

“Años de gestión fiscal responsable proporcionaron espacio fiscal para contraer préstamos adicionales, pero la recuperación posterior a la crisis tendrá que ir acompañada de esfuerzos para consolidar las cuentas fiscales y comenzar a reconstruir reservas para enfrentar posibles shocks futuros”, expone el organismo en su análisis.

Mirada regional

La estabilización de la relación deuda/PIB del SPNF a lo largo del tiempo requiere contar con saldos primarios en el futuro, en un grado que dependerá de la evolución del crecimiento y de las tasas de interés, según el BM

Estima que en 2020 el déficit primario alcanzó el equivalente a 4.1 por ciento del PIB, mientras que el PIB se contrajo.

Eso implica que incluso si el crecimiento vuelve al 4 por ciento y las tasas de interés reales pueden mantenerse en un promedio de 4.1 por ciento, será necesario un ajuste fiscal sustancial para inclinar hacia abajo la trayectoria de la relación deuda/PIB.

Dice que los responsables de la formulación de políticas tienen cuatro opciones complementarias para restaurar la dinámica sostenible de la deuda, que son: Acelerar el crecimiento del PIB para reducir el saldo de la deuda en términos relativos; reducir el gasto público no financiero; desarrollar un programa de gestión de la deuda que pueda ayudar a reducir las tasas de interés promedio del saldo total de la deuda pública sin acortar los vencimientos; y incrementar los ingresos fiscales para reducir el déficit y fortalecer la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones futuras.

Programas sociales, ojo ahí

Desde el punto de vista del Banco Mundial, el gobierno dominicano debe dar prioridad a los programas que tengan el mayor impacto en el bienestar de la población, especialmente en los hogares pobres y vulnerables.

“La falta de una dirección estratégica integrada, junto con la fragmentación de la estructura de gestión, dificulta la administración de las políticas sociales del país, lo que a su vez hará difícil que las autoridades respondan eficazmente al esperado aumento de la pobreza debido a la pandemia de COVID-19”, expone el Banco Mundial.

Y agrega que en tiempos de crisis, cuando los recursos son escasos y las oportunidades para aumentar el espacio fiscal son limitadas, es aún más importante que las autoridades se centren en las iniciativas de mayor impacto. Mediante una gestión eficaz de la respuesta al covid-19 y la priorización del gasto público, la República Dominicana puede evitar que se repitan las secuelas de la crisis de 2003-2004, cuando las condiciones de vida se deterioraron y la pobreza aumentó.