La audiencia para la revisión de la medida de coerción que pesa contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los otros siete imputados en el caso Medusa, no se conoció hoy como se tenía pautado, sino que fue aplazada por dos razones.
La jueza Solange Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, reenvío la vista para el viernes 29 de este mes, a los fines de que se le notifiquen a todos los imputados los nuevos presupuestos que ha aportado el Ministerio Público, y para que uno de los implicados, que no tenía abogado en audiencia, puedan conseguir su defensa.
Al respecto, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que lo presupuestos son el resultado de la evolución de la investigación que llevan a cabo en este caso de corrupción.
“Y serán más que suficientes para que este tribunal mantenga y toda y cada una de las medidas de coerción que se han impuesto”, aseguró.
La jueza Vásquez deberá decidir, cuando conozca la audiencia, si los imputados deben seguir cumpliendo las medidas de coerción o no.
El exprocurador Jean Alain está preso en el Centro de Corrección y de Rehabilitación Najayo-Hombres, junto a Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la Procuraduría; Javier Forteza Ibarra, exdirector de tecnología de la información; y Alfredo Solano Augusto, quien fue subdirector financiero de la entidad.
También están implicados en el caso Medusa, Altagracia Guillén Calzado, pasada subdirectora administrativa; Rafael Mercede, exencargado del Departamento de Contabilidad, y Jenny Marte Peña, ingeniera encargada de construcción del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, quienes cumplen arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Mientras que Miguel José Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría, tiene presentación periódica e impedimento de salida del país y tuvo que pagar una garantía economía de un millón de pesos mediante una aseguradora.
De acuerdo a las investigaciones, Jean Alain y sus alegados cómplices malversaron millones de pesos de la Procuraduría General de la República (PGR) sin ningún reparo y para que no fueran descubiertos después del cambio de Gobierno, en la transición desaparecieron cientos de evidencias e incineraron documentos.
