Santo Domingo.- El economista Jaime Aristy Escuder, hizo referencia a las declaraciones del presidente de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, donde este dijo que el Corredor de la Núñez de Cáceres no es rentable debido a la reducción de los pasajeros y el alza de los combustibles.
Expresó que lo planteado por Marte revela que esa alianza público-privada constituye el primer agujero financiero del gobierno de Abinader.
En un artículo publicado en su blog, Escuder explica que, de acuerdo con el senador, el Gobierno se fundamentó en una proyección de 12,000 pasajeros diarios y que sólo se están montando entre cinco y seis mil.
Este déficit es agravado por el aumento del precio del gasoil de 130 pesos por galón a 185 pesos.
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Aquí el texto integro:
El senador Antonio Marte, presidente de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), señaló que el Corredor de la Núñez de Cáceres no es rentable debido a la reducción de los pasajeros y el alza de los combustibles. En consecuencia, solicitó a las autoridades que les transfieran recursos públicos para compensar ese déficit financiero.
Ese Corredor es una alianza público-privada enmarcada por la ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. De acuerdo con el senador Marte, en el acuerdo con el gobierno se fundamentó en una proyección de 12,000 pasajeros diarios y que sólo se están montando entre cinco y seis mil pasajeros. Por tanto, afirma que hay una reducción de siete mil pasajeros con relación a lo proyectado, que afecta significativamente su viabilidad financiera, la cual se agrava debido al aumento del precio del gasoil de 130 pesos por galón a 185 pesos.
Lo planteado por Antonio Marte revela que esa alianza público-privada constituye el primer agujero financiero -de ese tipo- del gobierno de Abinader.
De esa experiencia se desprenden varias lecciones que deben ser tomadas en consideración para futuras relaciones del gobierno con el sector privado, como las que se desarrollarán en los próximos meses en el marco de la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.
En primer lugar, la selección del socio privado debe hacerse mediante la competencia entre los posibles oferentes. Esto asegurará el mejor acuerdo posible a favor del Estado.
Hay que establecer claramente la distribución de los riesgos entre el sector privado y el público. Es necesario acordar, por ejemplo, que, en caso de que no haya suficientes ingresos, el gobierno se hará cargo del completivo necesario para cubrir los gastos operativos y del servicio de la deuda que se incurrió para ponerlo en funcionamiento, pero no del retorno del capital privado invertido.
Los acuerdos deben incluir que el sector privado debe absorber parte de los riesgos, lo cual lo estimulará a operar eficientemente el servicio. Esto será positivo para las partes y los usuarios del servicio.
Por último, el contrato entre las partes debe ser preciso e incluir todos los posibles escenarios de mercado. De esa manera nadie tendrá que salir a la prensa a solicitar pagos adicionales. El contrato es el que debe hablar y permitir la solución de cualquier problema de manera rápida y transparente.
