Santo Domingo.-El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional reenvió este viernes para el 17 de diciembre la audiencia preliminar del caso por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, del municipio Santo Domingo Este.
La audiencia tenía previsto iniciar hoy luego de que a finales del mes pasado se depositara, tras de finalizar la investigación, la acusación formal contra los 17 imputados.
Sin embargo, la misma tuvo que ser aplazada para que los imputados sean debidamente notificados sobre la acusación y todas las pruebas que contiene el caso.
Los encartados están siendo procesados por presentemente cometer prevaricación, desfalco, coalición de funcionarios, soborno de funcionario, abuso de funciones, complicidad en desfalco en perjuicio del Estado dominicano, asociación de malhechores, estafa, coautor de soborno de funcionario público, falsedad en escritura pública y complicidad en desfalco.
Con esta preliminar, el Ministerio Público, está solicitando que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los exfuncionarios de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE). Estos son el exdirector de esa entidad, Leoncio Almánzar Objío; Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico.
Además, Rosabel Castillo, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional; Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de INFEPA, y los miembros de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC.
También contra los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, y Lisetel González, quien supuestamente prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de CORDE.
En el caso también se constituyen en querellante y actor civil los moradores del sector, a través de la el Comité de Lucha para la Defensa de Los Tres Brazos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Los residentes demandan indemnización de 500 millones de pesos y depositaron en contra de los imputados alrededor de 400 pruebas, según comunicaron.
Asimismo, están solicitando que sea revocada la decisión de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que varió a varios de los imputados la medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica uso de brazalete y presentación periódica.
Los moradores calificaron como una vergüenza que niego de los encartados estén en prisión. Además, han reiterado en varias ocasiones que no descansarán hasta tanto los imputados paguen en los tribunales.
