Santo Domingo, RD.- El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, afirmó que el sector empresarial está sumamente preocupado porque se apruebe la ley de partidos políticos y régimen electoral en la actual legislatura, a fin de garantizar la democracia interna de esas entidades políticas.
Campos de Moya, planteó que se hace necesario que los líderes políticos, los legisladores y otros sectores de la vida nacional consensuen un acuerdo para aprobar la pieza, lo que a su entender significaría un verdadero ejercicio democrático interno en los partidos.
Dijo que en esa tesitura “hemos visitado el pleno de Junta Central Electoral, a los dirigentes políticos de oposición, al presidente Danilo Medina, así como a los dirigentes políticos del gobierno y todos nos han manifestado su interés de que se apruebe la ley de partidos”.
De su lado, el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, Issachart Burgos, recomendó también que las partes lleguen a un consenso, que permita aprobar sin más espera la ley de partidos políticos, con el propósito de garantizar transparencia, equidad y democracia en esas entidades políticas.
Precisó, que más allá del criterio de primarias abiertas o cerradas, debe primar la sensatez y aprobarse la normativa, lo que evitaría rupturas internas o el colapso de los partidos y permitiría llegar a las elecciones del 2020 con un marco jurídico-legal que regule el sistema político.
Dijo “los legisladores deben entender que es un compromiso que tienen que cumplirle al pueblo, de aprobar la ley de partidos políticos antes del 16 de agosto próximo, para que la Junta Central Electoral tenga tiempo para organizar el certamen”.
Así mismo, se mostró de acuerdo en que las primarias en los partidos sean de manera abiertas, simultáneas y con el padrón de la JCE, lo que a su entender beneficiaria a sus candidatos a diferentes cargos efectivos.
Coincidieron en que el proyecto de Ley de partidos políticos y régimen electoral debe ser aprobado sin más demora, se llegue a un consenso y que finalmente el país cuente con un marco legal adecuado para regular el sistema político-partidista y los procesos electorales, por el bien de la democracia Nacional.
