El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) emplazó ayer a Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a desmentir con pruebas las denuncias de irregularidades y corrupción que imperan en el sistema judicial dominicano.
Mediante rueda de prensa, Miguel Surún Hernández, presidente del organismo, lamentó las declaraciones emitidas por el Consejo del Poder Judicial sobre una supuesta campaña de descrédito y desinformación que existe sobre dicha entidad.
Surún Hernández declaró que es mentira que exista una campaña de descrédito contra el alto órgano judicial, ya que el descalabro y caos imperante en la justicia ha sido confirmado por los actores del mismo.
Dijo que el Consejo del Poder Judicial no respeta la Ley de Carrera ni la independencia del sistema, y que prueba de eso es la designación de 12 jueces coordinadores, cargo que aseguró, no existe en el escalafón judicial y que usurpan las funciones de más de 30 presidentes de cortes.
“Están conscientes que la función de juez coordinador no está contemplada en la Ley de Carrera Judicial, de que las leyes 821 y 50-00 consagran funciones para los presidentes de Corte de Apelación, los cuales han sido vulnerados y despojados para beneficiar a 120 personeros del actual presidente de la SCJ”, dijo.
Aseveró que Luis Henry Molina no cree en la carrera judicial ni en un sistema de justicia plural e independiente.
“Como institución le decimos al país que la lucha continuará porque haya transparencia en los fondos del Poder Judicial, con que se reinstaure el sistema de justicia y que cesen las falsedades”, expuso el letrado.
Además de Miguel Surún Hernández, en el acto también estuvieron presentes altos dirigentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana.
Citan supuestas irregularides en la SCJ
Durante la rueda de prensa, Miguel Surún Hernández declaró que Ángel Brito, director Administrativo del Poder Judicial no posee formación académica administrativa para dirigir el cargo. Calificó de indignante la presunta transferencia irregular y sin licitación de más de mil millones de pesos de los servidores judiciales para beneficiar a un corredor de seguros.
