Los abogados de la Asociación Campesina Madre Tierra, vinculada al mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien cumple prisión preventiva por un caso de corrupción, demandaron a las autoridades que les sean entregados “inmediatamente” los bienes y activos, que indicaron fueron ocupados ilegalmente a dicha entidad.
Durante una rueda de prensa, los juristas indicaron que la asociación, que dice el Ministerio Público fue utilizada por Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán para lavar el dinero desviado del Estado, es una institución legalmente constituida y que está fuera del denominado caso Coral, donde están implicados estos dos imputados, y otros cuatro.
Los abogados Francisco Álvarez y Cristian Martínez, quienes también representan a Cáceres Silvestre, afirmaron que Madre Tierra ha sido objeto de una “frenética e ilegal campaña mediática desarrollada por el Ministerio Público con los fines de desacreditarla”.
Además, Álvarez y Martínez dijeron que las instalaciones de la entidad y el control corporativo de la misma, han sido “usurpados y ocupados por personas cuyo único dato que “tenemos para su identificación es, precisamente, que se acrediten como miembros y representantes de esta Procuraduría General de la República”.
Precisaron que no pueden afirmar que dichas personas sean miembros de la Procuraduría como lo acreditan sus distintivos.“No nos consta aval jurídico alguno que permita tal afirmación pero, nos permite ensanchar las posibilidades de que lo que ocurre es otra vejación realizada por la autoridad al márgen de la ley”, dijeron.
“Mientras tanto, estas personas de facto pernoctan y controlan la persona moral misma, sus propiedades, operaciones y dineros… hasta los que obtienen por venta de parte de sus bienes sin otorgar recibos”, expresaron.
Afirmaron que este proceso legal ha generado pérdidas millonarias, ya que dijeron que las operaciones ordinarias de la Asociación Campesina Madre Tierra han sido afectadas de manera irreparable y difícil de enmarcar cuantitativamente por la señalada práctica de negociar bienes de la entidad.
Denunciaron, también, que está recibiendo dinero en efectivo sin que figuren en los registros oficiales establecidos por ley y sin contar con controles confiables.. Sostuvieron que esta situación no puede ser ignorada por el mismo Estado Dominicano.
Pidieron al Ministerio Público iniciar una “exhaustiva investigación” en torno a la manera en que se está administrando dicha entidad desde que fue “secuestrada en franca violación las leyes nacionales”Además, dijeron que la Procuraduría General de la República impidió a la asociación hacerse representar por un abogado.
“Mientras no le permitían defenderse como persona jurídica, frente al extendido auditorio conformado por la teleaudiencia nacional e internacional, la Procuraduría desataba sobre Madre Tierra todo tipo de acusaciones falsas en uno de los procesos y manejos de la autoridad más vejatorios de nuestra historia judicial”, expresaron.
Las indagatorias que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) indican que la Asociación Campesina Madre Tierra era un instrumento financiero para el blanqueo de capitales, pues le permitía al mayor general Cáceres Silvestre, y la pastora Rossy lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas.
“Comprobamos que la principal actividad económica lícita de la Asociación Campesina Madre Tierra es la producción avícola, sin embargo la información financiera suministrada por la Superintendencia de Bancos de la cuenta corriente No.5500026999, demuestra que este rubro sólo representó el 7% de créditos, equivalente a dieciséis millones doscientos noventa y ocho mil novecientos treinta y ocho pesos (DOP$16, 298,938.00) de sus ingresos, durante el período comprendido desde el 06 de agosto de 2015 hasta el 10 febrero de 2021”, sostuvieron en los documentos que avalan las pesquisas.
