Pasada la incertidumbre de los primeros meses, el reto es mejorar la detección y rastreo de los casos positivos
Han transcurrido 178 días desde la detección del primer caso de COVID-19 en territorio dominicano el pasado 1 de marzo.
Desde el anuncio del primer caso importado en un ciudadano italiano por parte de las autoridades sanitarias, las cifras oficiales indican que, 91,161 personas han resultado contagiadas con el virus y otras 1,567 han fallecido a causa de la enfermedad que mantiene al país bajo estado de emergencia y envuelto en incertidumbre en temas tan sensibles como la apertura del nuevo año escolar y enfrascado en la recuperación del aparato productivo en medio de la denominada “covidianidad”.
A casi seis meses del inicio de la pandemia, aún persisten problemáticas en cuanto al acceso oportuno a las pruebas PCR para la detección del virus, a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y a los medicamentos para el tratamiento de los pacientes graves, mientras se lucha con una ciudadanía a la que, cada vez más, le cuesta guardar el distanciamiento físico y las medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud Pública, con violaciones frecuentes al toque de queda establecido en horario nocturno.
Con la declaratoria del estado de emergencia el pasado 19 de marzo y el establecimiento de restricciones severas, como el cierre de las fronteras y de los negocios no esenciales, acompañado de medidas de distanciamiento social con la suspensión de las clases, eventos públicos, actividades masivas y del transporte público, el país logró disminuir el número básico de reproducción de cero a 1.9 a mediados de abril, según el estudio ALC Post COVID-19 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las estimaciones del Imperial College London indicaban que al 12 de mayo la epidemia probablemente estaría estabilizaba o crecería lentamente. Esto condujo a que el 20 de mayo el país se embarcara en la reapertura gradual y por fases de la economía, avalada por la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus del Poder Ejecutivo.
Fin y retorno a estado de emergencia
A principios de julio, y a solo cinco días para la celebración de las Elecciones Extraordinarias Presidenciales y Congresuales, el Gobierno decidió poner fin al estado de emergencia y reanudar prácticamente todas las actividades productivas, autorizando la llegada de los primeros vuelos con turistas internacionales y la reapertura de bares y restaurantes.
De esta manera, el país pasó diecinueve días regido, únicamente por una declaratoria oficial de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud Pública que, implicaba la obligatoriedad del uso de mascarillas y el cierre de los colmadones y sitios de expendio de bebidas a las 8:00 de la noche. Sin embargo, el 19 de julio, ante el empeoramiento de los indicadores sanitarios que provocaron el práctico colapso del sistema hospitalario, el Gobierno decidió dar marcha atrás y solicitó la aprobación de un nuevo estado de excepción.
En función de la evolución epidemiológica la disposición ha sido extendida, al menos en seis ocasiones por el Congreso, siendo la última aprobada por un periodo de 45 días, que concluye el próximo jueves 3 de septiembre.
Pandemia y elecciones
A juicio de muchos, el hecho de que la pandemia apareciera en una coyuntura electoral afectó la respuesta a la emergencia sanitaria por parte del Gobierno, contribuyendo a la expansión del virus.
Los principales partidos de la oposición acusaron al Gobierno de Danilo Medina de haber dado un uso político al estado de emergencia para favorecer al candidato presidencial oficialista, mientras que organizaciones como Participación Ciudadana criticaron las irregularidades en los procesos de licitación convocados por el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud para las compras de insumos y equipos médicos, algunos de los cuales fueron anulados por el Gobierno.
La pandemia puso al desnudo las debilidades del sistema, incapaz de ofrecer respuesta oportuna en los primeros niveles de atención, por las pocas Unidades de Atención Primaria existentes, que no han recibido apoyo técnico y económico para la aplicación de pruebas y el seguimiento de infectados y sospechosos, según la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA).
Gobierno promete más pruebas, médicos y camas
El Gobierno de Luis Abinader ha prometido reforzar los planes de contención de la pandemia con un incremento del presupuesto de Salud en RD$15 mil millones en los próximos cuatro meses, la adquisición de 200 mil pruebas PCR y otros insumos necesarios, la contratación de 1,000 médicos, la habilitación de 17 laboratorios públicos y privados en todas las regiones para aumentar de tres a siete mil la aplicación de pruebas diarias, el incremento de camas y la participación de los ayuntamientos y organizaciones sociales en los planes. Mientras tanto, el gremio médico ha pedido un toque de queda de 2:00 de la tarde a 6:00 de la mañana y la Organización Panamericana de la Salud sugiere establecer una cuarentena total de una o dos semanas en el Gran Santo Domingo y Santiago.
Críticas
Ha faltado transparencia en las compras de insumos; la rectoría de la crisis ha sido muy débil”, ha dicho Alba Reyes, coordinadora de ADESA.
Restricción
El Colegio Médico ha reclamado medidas más estrictas para controlar el virus que ha provocado la muerte de al menos 25 galenos.
