El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dará el fallo hoy a las 6:00 de la tarde sobre el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción contra varios de los implicados en el caso Medusa, cuyo principal imputado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
La decisión fue adoptada por la magistrada Solanyi Vásquez, quien la mañana de este viernes conoció la revisión obligatoria de la medida coercitiva de prisión preventiva que pesa contra Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonnathan Josel Rodríguez Imbert.
También, se les conoció la revisión de medida de coerción a Altagracia Guillén, exsubdirectora administrativa y financiera de la Procuraduría, Rafael Mercedes Marte, anterior encargado de contabilidad y a Jenny Marte, exencargada de proyectos, quienes guardan arresto domiciliario.
El otro implicado es Miguel José Moya quien guarda libertad bajo fianza.
Mientras que en el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez y el Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de tecnología de la Procuraduría, este tribunal aplazó sin fecha el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción interpuesta a estos dos imputados, que consiste en prisión preventiva.
La información fue ofrecida por el abogado de la defensa, Carlos Balcácer, quien indicó que la jueza tomó en consideración un recurso de apelación en contra de la medida de coerción que le fue dictada a los acusados por la magistrada del Séptimo Juzgado de Instrucción, Kenya Romero.
Ante esto, hasta que no haya una decisión en la Corte de Apelación, el Cuarto Juzgado de Instrucción no podrá conocer la revisión obligatoria de la medida de coerción contra el exprocurador y al exdirctor del departamento de tecnología de la Procuraduría General de la República.
Acusación
El Ministerio Público les imputa a los implicados la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Los procesados también enfrentan cargos de infracción sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
Además, les imputa cargos de soborno, lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
