MANAGUA (AP) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dejó el domingo sin efecto una polémica reforma al Seguro Social que aumentaba las cuotas patronales de los trabajadores y que imponía un impuesto a los pensionados para atención médica. Durante los últimos días la situación provocó manifestaciones, violencia en las calles y saqueos comerciales en el país con un saldo de al menos 26 muertos.
“Quiero comunicarle a los nicaragüenses que en estos momentos estoy recibiendo el acta 308 del Consejo Directivo del Seguro Social, que dice que cancela la resolución anterior del 16 de abril del año 2018”, dijo el mandatario en un mensaje en cadena nacional.
A diferencia del sábado, en que Ortega apareció franqueado por la jefa de la policía, el domingo apareció con empresarios que generan unos 130 mil empleos y millones de dólares en exportaciones. El mandatario explicó que tomó la decisión después de escuchar el llamado de diversos sectores que pedían retroceder con la reforma y el cese de violencia, que también solicitó el domingo desde El Vaticano, el papa Francisco.
“Tenemos que buscar en una mesa de diálogo una mejor solución en este tema de seguridad social”, agregó el gobernante, quien invitó al cardenal Leopoldo Brenes a ser parte del diálogo con otros obispos de la Conferencia Episcopal.
Poco antes, docenas de tiendas fueron saqueadas en Managua. Imágenes transmitidas por medios de comunicación locales mostraron las escenas.
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Aparentemente la policía no intervino, lo que contrasta con la respuesta que habían dado a las manifestaciones y dejaron decenas de heridos y detenidos.
Los medios controlados por el Estado culpan a los manifestantes de los saqueos, mientras que los críticos conjeturan que se han permitido para presionar al sector empresarial, el cual ha fijado condiciones para negociar con el gobierno, incluido que se ponga fin a las reformas.
“Estamos viviendo en Nicaragua un caos social provocado por la ausencia de liderazgo gubernamental. Se han juntado la crisis con la pobreza y eso en cualquier sociedad es una bomba de tiempo”, dijo el sociólogo y analista Cirilo Otero.
Desde el Vaticano, el papa Francisco manifestó que está “muy preocupado” por lo sucedido en Nicaragua y se unió a los obispos para pedir que cese toda violencia.
Algunas naciones latinoamericanas también hicieron saber su preocupación. En un comunicado, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú lamentaron los actos de violencia en Nicaragua y expresaron sus condolencias y solidaridad con las víctimas de la violencia y sus familiares. Además hicieron “un urgente llamado a todos los sectores a deponer la confrontación y cesar los actos de fuerza”, y exhortaron a la prudencia para favorecer el diálogo y evitar que la crisis crezca.
Los disturbios estallaron en respuesta a la decisión de Ortega para reforzar el aquejado sistema de Seguro Social con una combinación de beneficios reducidos e impuestos más altos. Ortega anticipó el sábado que acordaría negociar sobre las reformas para evitar más “terror para las familias nicaragüenses”, pero indicó que las discusiones sólo se llevarían a cabo con líderes empresariales.
Además pareció intentar justificar lo que ha sido una severa respuesta del gobierno y grupos aliados al acusar a los manifestantes, en su mayoría jóvenes universitarios, de ser manipulados por los intereses políticos de “unas minorías” no especificadas y de estar infiltrados por pandilleros.
“Esto que está aconteciendo en nuestro país no tiene nombre. Los muchachos que ni siquiera saben el partido que los están manipulando”, sostuvo Ortega. “Incorporan a pandilleros a las protestas de los muchachos y criminalizan las protestas; por eso los ponen en riesgo”.
Tales declaraciones parecieron atizar el fuego, al provocar que miles de personas salieran nuevamente a las calles en siete ciudades, entre ellas Managua.
El sábado, el periodista Ángel Gahona estaba transmitiendo en vivo a través de Facebook las protestas en la ciudad sureña de Bluefields cuando murió baleado. Al menos otras 25 personas han muerto desde el miércoles, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de Nicaragua, aunque el gobierno solo ha confirmado nueve decesos.
“Estamos en las calles pidiendo a Ortega y a su esposa que se vayan. Esto ya fue más allá del tema de Seguridad Social. Ha habido muertos, heridos y él ni siquiera se disculpa por sus asesinatos o por la despiadada represión contra la gente”, dijo Mauri Hernández, uno de los miles de manifestantes en la rotonda central.
