TEGUCIGALPA — Al menos una persona murió baleada en Tegucigalpa durante la noche después de que el gobierno anunció un toque de queda en medio de una creciente incertidumbre porque se desconoce quién es el presidente elegido en los comicios hace seis días.
En medio de la tensión generada por la incertidumbre, hubo saqueos.
Más de 300 personas fueron detenidas cuando huían con electrodomésticos y artículos de hogar robados en centros comerciales en las dos ciudades más importantes del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, y enfrentan penas de 20 a 25 años en prisión.
Las fuerzas de seguridad han recuperado muchos objetos robados y trasladado a los responsables a las jefaturas policiales para ficharlos y encarcelarlos, con el aval del Ministerio Público.
Hernández estableció el toque de queda que entró en vigor a las 11 de la noche del viernes y le ordenó al ejército y a la policía que asuman el control de las calles por 10 días para evitar acciones vandálicas. La medida, de 10 horas al día, se aplica de las 6 de la noche a las 6 de la mañana con retenes militares en calles y carreteras.
“El toque de queda es para salvaguardar la seguridad del país”, indicó el presidente a su salida de un hotel donde se reunió con observadores internacionales. “Este es el momento que el pueblo se siente respaldado por sus fuerzas armadas y su policía, porque no es posible que alguien se dedique a saquear o a robar”.
El Batallón de la 105 Brigada Militar de San Pedro Sula reportó el sábado que en la madrugada liberó a 115 hombres y 23 mujeres arrestados por deambular en las calles durante el toque de queda.
El secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, Ebal Días, advirtió que se arrestará a quienes se asocien con el objeto de cometer hechos delictivos. Se desalojará de todo el que bloquee propiedad pública, carreteras, puentes y otras instalaciones estatales y privadas.
El Tribunal Supremo Electoral aún no explica cómo fue que Nasralla, que busca frenar las aspiraciones reeleccionistas del mandatario, ganaba por 5 puntos a Hernández al publicar datos preliminares del 57% de la votación poco después de concluida el domingo, y ahora pierde por menos de un dígito.
Los dirigentes de la Alianza tienen dudas sobre el escrutinio de las actas, ya que el sistema informático de cómputo registró interrupciones sospechosas de hasta cinco horas de duración durante tres días.
David Matamoros, presidente del tribunal, dijo que el proceso de contar votos continuaba el sábado y que cada partido debía acreditar a 60 representantes para llevar a cabo esa tarea junto a observadores internacionales.
“Honduras requiere paz y esperamos concluir el proceso este sábado”, añadió. “Eso lo haremos porque esperamos proclamar con transparencia quién es el nuevo presidente de Honduras”.
Matamoros anunció en rueda de prensa su disposición a analizar un recuento de votos con la Alianza “a fin de buscar una solución rápida al problema”, aunque esa agrupación aún no designa sus 60 representantes para realizar la tarea.
El funcionario, afín a Hernández, aseguró que “la responsabilidad del tribunal va más allá de contar unas urnas porque lo que importa en este momento es la tranquilidad del país”.
Dijo que el tribunal no ha puesto ninguna condición a Nasralla para solventar la situación, pero destacó que la Alianza se niega a participar en los escrutinios planteados por no estar de acuerdo con el número de actas a revisar.
Marlon Ochoa, gerente de campaña de la Alianza, dijo que no acudirán a la cita porque el tribunal no presenta los datos de varias zonas que son bastiones de su partido en el norte y oeste de Honduras.
Inicialmente, el tribunal estaba dispuesto a revisar 1.031 documentos de los 5.550 que propuso la Alianza.
El depuesto presidente Manuel Zelaya (2006-2009) y partidario de Nasralla, convocó a sus seguidores el domingo a las 2 de la tarde a protestar simultáneamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, segunda ciudad hondureña, por la tardanza del tribunal en proclamar al nuevo mandatario hondureño.
Zelaya advirtió además que quieren revisión de actas y votos de unos 5.550 sufragios de tres departamentos en los que tienen dudas sobre presuntas irregularidades.
