Ya no hay jefe, sino Director; ahora se habla de fortalecer la carrera de sus miembros y se establecen protocolos para el uso de su fuerza; en fin, aparentemente se avanza en la modernización de la Policía Nacional (PN). Sin embargo, la fabricación de expedientes, el “tránquenlo”, la extorsión y la tortura en la PN, no son prácticas del pasado, son abusos aún latentes en la “moderna” sociedad dominicana. Lo ocurrido con un dirigente comunitario de Moca así lo confirma. A esta persona se le detuvo sin respetar el debido proceso, se le golpeó y todo parece indicar, se le colocó droga.
Lo más grave de esta situación es que lo ocurrido en Moca no es un hecho aislado. El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV) denunció que la implantación de drogas por parte de la PN, la DNCD y la DICAN, es una práctica muy frecuente en los barrios pobres del país. Solo en las últimas semanas han recibido más de 50 denuncias. En gran parte de estos casos se detienen a jóvenes de escasos recursos con el propósito de obtener dinero de sus familiares. Estos hechos evidencian que existen miembros de la Policía Nacional que se encuentran anquilosados en un pasado autoritario y represivo.
En una sociedad con serios problemas de seguridad ciudadana, la situación descrita debe mover a preocupación. Aunque el de la inseguridad es un problema multicausal, no habrá respuestas efectivas si no se cuenta con una institución del orden que sea capaz de prevenir el crimen y garantizar la seguridad de la población. La Ley Orgánica de la Policía Nacional y la mejoría en las condiciones laborales de sus miembros, apuntan en esa dirección. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes para lograr una mayor eficiencia en la PN, ni mucho menos para generar una mayor confianza ciudadana en esta institución.
Los órganos responsables de la seguridad pública deberán tomar medidas dirigidas a erradicar los viejos métodos basados en el abuso policial. Esto supone un cambio de mentalidad en la PN, pero sobre todo, la depuración y sanción de aquellos de sus miembros que persisten en este tipo de atropello. Para ello, es necesario que la PN fortalezca sus mecanismos internos de fiscalización y los dirigidos a garantizar el respeto de los derechos humanos. Esto es esencial para combatir la criminalidad, pues se requiere de una PN que goce de la confianza y la credibilidad entre los ciudadanos. Esto permitirá avanzar hacia la constitución de una policía comunitaria que trabaje junto a la ciudadanía en el combate de la delincuencia.
