La confrontación entre el Gobierno y los campesinos que siembran la tierra de Valle Nuevo, en Constanza, ha entrado en una fase que las propias autoridades no hubiesen deseado, aunque quizás lo imaginaron.
Se agotó el diálogo, como forma de acercamiento y entendimiento entre los sectores involucrados en este conflicto, y no faltaron intervenciones neutrales ni llamados al comedimiento entre las partes. Pero ninguno de estos esfuerzos fueron suficientes para bajar tensiones y alcanzar resultados satisfactorios. Los campesinos siguen atrincherados en su postura de no abandonar esas tierras, y Medio Ambiente firme en su propósito de hacer cumplir lo que la ley manda.
El escenario es difícil, porque las empresas que han usufructuado esos terrenos durante décadas es minoría, en comparación con los cientos de campesinos que tienen varias generaciones en esos predios, sin otro sustento de vida que no sea el que obtienen labrando esas tierras.
En el otro extremo está Medio Ambiente, institución responsable de cuidar nuestros recursos naturales, velar por su preservación y sancionar a quienes osen transgredir la ley que ampara estos propósitos. Nada fácil. El Gobierno maneja una disyuntiva que lo obliga a tomar decisiones sabias, por lo que se requiere actuar con prudencia y, sobre todo, con mucho tacto político.
Los daños causados al medio ambiente en Valle Nuevo son evidentes . Y lo peor, el impacto provocado a esta área protegida se hizo con conocimiento de causa, principalmente de los empresarios que acondicionaron hermosas fincas y utilizaron esas tierras para proyectos agrícolas de gran envergadura.
El problema no es nuevo. Para el 2000, la entonces recién creada Secretaría de Medio Ambiente realizó operativos para despoblar edificaciones de jerarcas militares, que también hicieron suyas las bellezas de esta reserva natural. El Gobierno está obligado a proteger los intereses del Estado, como es Valle Nuevo y todas las áreas protegidas. Nadie debe colocarse por encima de la ley, porque se daría paso al desorden, al caos sin respeto a las instituciones ni al orden jurídico.
Pero entiendo que esos humildes campesinos no pueden ser abandonados a su suerte, porque estaríamos enmendando una situación y creando otro problema de consecuencias impredecibles.
No soy partidaria de la expresión de que “toda regla tiene excepción”, porque entiendo que las excepciones tienden a invalidar las reglas. Pero en este caso debe primar el sentido común en la toma de decisiones.
