El recién concluido proceso de selección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas no está exento de críticas. Una de las más importantes es la integración únicamente de hombres en este órgano del control, obviando los principios de equidad de género y paridad en la participación en el Estado, propios de las democracias modernas. La Constitución dominicana habla de ellos en varios de sus articulados. La segunda crítica importante tiene que ver con los niveles reales de independencia de los miembros seleccionados.
Esto último es muy relevante para que esta institución pueda cumplir con el rol que le da la Constitución y la ley 10-04. La Carta Magna establece que la Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado (art. 248). Tiene bajo su responsabilidad, ser el órgano rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría, que integra además el control interno a través de la Contraloría, el control político y el control social. Sin una independencia real, la Cámara de Cuentas no podrá cumplir con estas funciones.
Avanzar en materia de transparencia y lucha contra la corrupción requerirá de una Cámara que cuente. Los nuevos integrantes de esta institución tienen el reto de hacer de éste, un órgano que realmente inspeccione, audite y sancione. El éxito de las políticas públicas pasa por mejorar la eficiencia del gasto público y combatir las prácticas fraudulentas en la administración del Estado. Esto supone fortalecer los mecanismos de control y fiscalización tanto externo como interno. La selección de la nueva Cámara de Cuentas presenta una oportunidad propicia para avanzar en esta dirección.
Entre los retos de la nueva Cámara de Cuentas está el de mejorar la comunicación y coordinación con el Congreso en la labor de seguimiento, análisis y evaluación de la ejecución presupuestaria de las distintas instituciones estatales, contribuyendo de esta manera con el rol de fiscalización que tienen que desempeñar ambas instituciones. Los informes presentados por la Cámara de Cuentas tienen que dejar de ser documentos de colección y constituirse en verdaderas herramientas de trabajo en el propósito de lograr un Estado más transparente.
Por otro lado, se requiere fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para el control social y lograr mayores avances en la implementación de la Ley 311-14 y en la estructuración y puesta en funcionamiento de la oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios. Si se consigue esto, se logrará que en materia de transparencia y lucha anticorrupción, esta Cámara cuente.
