En la obra de Saramago, don José es un servidor público del Registro Civil que se dedica a coleccionar nombres de personas famosas, sin que estos sean conocidos, ni siquiera el de la “mujer desconocida” de la cual se enamora perdidamente. De la ficción a la realidad dominicana vemos a otro funcionario, de la Procuraduría General, dedicado a buscar y registrar nombres, pero no por entretenimiento como el personaje de la novela, sino por su obligación de determinar quiénes están involucrados en los sobornos de Odebrecht. A diferencia de la obra del novelista portugués, en estos hechos se espera que los nombres sean conocidos y que ninguno de ellos cautive al representante del Ministerio Público.
Como parte del acuerdo entre la Procuraduría y Odebrecht, se estableció que en alrededor de un mes se recibirían documentos con pruebas relevantes sobre el caso, tal y como ocurrió en esta semana. Se había prometido informar sobre los nombres de los involucrados en los sobornos, cuestión que exige la ciudadanía. Esta demanda no es producto del morbo social, sino de la convicción de que este es un paso importante previo al sometimiento. Esto ayudará a superar el escepticismo respecto a una justicia que no ha aplicado sanciones frente a los casos de corrupción.
Existe una desconfianza generalizada en que se puedan conocer todos los involucrados en este escándalo de corrupción y que sean sometidos a la justicia. Pensar que sea así, dirían algunos, podría parecer un sueño o una ficción. Sin embargo, el escepticismo no ha llevado a la desmovilización; todo lo contrario, la sociedad presiona para que la Procuraduría cumpla con su rol de investigar y someter a la justicia a todos aquellos que han participado de este engaño al Estado. Se reconoce que una investigación bien sustentada requiere de tiempo y que tiene que cumplir con el debido proceso.
No obstante, es necesario dar garantías de que los que se entienden por encima de la ley no quedarán ocultos tras el manto de la impunidad. Se tiene que dar seguridad de que saldrán todos los nombres, sin importar que sean políticos, altos funcionarios o empresarios. Con las acusaciones bien documentadas, la justicia deberá actuar de manera independiente estableciendo las sanciones que correspondan. La sociedad quiere todos los nombres de los que recibieron sobornos y se beneficiaron de las sobrevaluaciones, pues si la justicia falla en su fallo, estos personajes, no de la ficción sino de la realidad política nacional, al menos esta vez tendrán una condena social y cargarán con el costo político de haber estafado al Estado.
