La demanda de la sociedad dominicana por un Estado que tenga como uno de sus principios básicos la transparencia no debe limitarse al gobierno central y debe abarcar a todos los poderes públicos. La corrupción se ha hecho presente en los distintos ámbitos de la administración del Estado. La reciente revelación de una grabación del presidente del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Boca Chica, tratando de extorsionar a un comerciante de esta localidad, es una clara evidencia de lo extendidas que están las prácticas corruptas en las diferentes instituciones públicas.
Los ayuntamientos son las instancias de la democracia más cercanas a los ciudadanos y se espera que sus políticas impacten en la vida de los munícipes. Esto no será posible si las autoridades locales hacen de la gestión municipal un burdo negocio para lucrarse. Es cierto que en la actualidad no se cuenta con gobiernos locales realmente autónomos y que existe una franca violación a la legislación municipal que establece la asignación a los ayuntamientos del 10% de los ingresos fiscales. Sin embargo, es muy difícil avanzar en estas áreas con el alto nivel de desconfianza ciudadana hacia los gobiernos locales. Reestablecer la confianza perdida solo es posible a partir de una gestión municipal transparente, que sea capaz de involucrar a los munícipes en sus decisiones.
Lo ocurrido en Boca Chica erosiona aún más la credibilidad no solo en ese ayuntamiento, sino en los gobiernos locales. Ese caso es solo una muestra de las diversas prácticas ilícitas que se dan en estas instituciones. Por ejemplo, hasta la fecha cerca de 4 mil funcionarios municipales no han presentado su declaración jurada de patrimonio. Se sabe además de los cobros ilegales en la aprobación de permisos para proyectos de construcción, de regidores que a su vez son contratistas para el ayuntamiento en el cual trabajan y de pagos de comisiones para obras municipales.
La corrupción debe ser erradicada en cualquier nivel de la administración pública. Ni la gran corrupción, pero tampoco la pequeña puede ser tolerada. Es necesario mirar a los ayuntamientos y exigirles a los funcionarios municipales un compromiso ético en la administración de los gobiernos locales. Claro está, esto por sí solo no es suficiente; se requiere de una mayor fiscalización del manejo de los recursos municipales de parte de la Cámara de Cuentas. Frente a las denuncias de corrupción en los ayuntamientos, se espera un Ministerio Público más diligente en las investigaciones. Al mismo tiempo, es esencial un ejercicio de monitoreo ciudadano a la gestión local, capaz de pedir cuentas a las autoridades municipales.
