No estoy seguro de que los miembros del Senado se hayan enterado que entre el siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX, el movimiento de la Ilustración consolidó una de sus demandas más importantes: la separación Estado-Iglesia. A partir de ese momento, la responsabilidad de decidir sobre los asuntos públicos recayó en las instituciones políticas y no en las iglesias, las cuales deberían dejar al Estado este tipo de decisiones, sobre todo aquellas que tienen que ver con políticas públicas de gran impacto en la vida de la gente. Otra de las dudas respecto a esta instancia congresual, de matrícula esencialmente masculina, es que se haya percatado de su deber de legislar desde una perspectiva de género y respetando los derechos fundamentales de las personas.
La reciente y lamentable decisión senatorial sobre el Código Penal (CP), me confirma lo anterior. En medio de una semana intensa, en la que toda la atención pública estaba concentrada en el sometimiento por corrupción de un grupo de funcionarios y exfuncionarios, el Senado aprobó la reforma al CP manteniendo la penalización absoluta del aborto. Con esta decisión se rechazaron las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo sobre las excepciones en caso de que la vida de la madre esté en peligro, de violación o incesto o de malformación congénita incompatible con la vida. Es inconcebible que en pleno siglo XXI se atente de tal manera contra la salud y los derechos de las mujeres dominicanas.
Con la prohibición del aborto sin excepción, se coloca a la República Dominicana entre los países más atrasados del mundo. Esta es una muestra del nivel de conservadurismo de los legisladores dominicanos y de su poco interés en la vida de sus representadas. Para estos, vale más estar en gracia con las iglesias que la salud de sus electoras. Esto afecta principalmente a las mujeres más pobres, pues las de mejores condiciones económicas pueden recurrir a una interrupción segura del embarazo, en caso de que se dé una de las situaciones por las cuáles se observó el CP.
La sociedad no debe permanecer indiferente frente a este despropósito. El movimiento feminista, las organizaciones sociales y los grupos comprometidos con los derechos humanos deben seguir demandando que se respeten los derechos de las mujeres. La ciudadanía debe pedirle cuentas a cada uno de los senadores que emitió un voto de desprecio hacia las mujeres. Por otro lado, se debe apelar a todas las vías que ofrece el derecho nacional e internacional, para garantizar que la vergonzosa reforma al Código Penal no sea una realidad.
