La convocatoria del Consejo Nacional de Magistratura (CNM) llega en un buen momento para el país. Actualmente están en debate dos grandes temas que requieren de instituciones estatales en capacidad de contribuir a buscarles respuestas. Estos temas son el de la crisis de representatividad del sistema político y los problemas de la democracia electoral por un lado, y la lucha contra la corrupción e impunidad por otro. Ambos temas tienen como correlatos institucionales, al menos en materia judicial, al Tribunal Superior Electoral (TSE) y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La recomposición de estas instituciones, de manera íntegra o parcial, es la tarea inmediata del CNM a partir del 15 de mayo.
La aprobación de una ley del régimen electoral y de partidos políticos, requerirá de un nuevo TSE que esté en capacidad de ser garante de su cumplimiento. Las reformas del sistema electoral son necesarias, pero serían insuficientes si no se hacen acompañar de instituciones autónomas que velen por su efectiva implementación. En tal sentido, el CNM tiene el reto de integrar un TSE con personas independientes, integras y técnicamente cualificadas, que puedan desempeñar el rol que está demandando la democracia dominicana, en relación con los procesos electorales y la vida interna de los partidos.
Por otro lado, los cuatro miembros faltantes de la SCJ deberán ser escogidos entre jueces de carreras que se hayan destacado por su eficiencia, honestidad y autonomía. Sin embargo, se debe ir más allá. Para enfrentar el reto que supone terminar con el régimen de impunidad, se requiere de una justicia independiente que genere confianza en la ciudadanía. Para ello, es propicia la ocasión para la reestructuración de la SCJ demandando a los jueces actuales que accedan a rotar en sus funciones, aunque no se haya agotado el plazo para su evaluación de desempeño.
Si los jueces de la SCJ ponen a disposición del pleno los roles que ejercen internamente, se tendría la oportunidad de realizar una redistribución de las funciones en el máximo órgano judicial. Esto es especialmente importante en los casos de la presidencia de la SCJ y de la Segunda Sala, la cual se encarga de los recursos de apelación en materia penal. La composición política de esta Sala y los fallos hasta ahora emitidos en los casos de corrupción, generan una gran desconfianza en ella. Por lo tanto, sin renunciar, los miembros de la Suprema estarían permitiendo la designación de un nuevo presidente y la integración de una Segunda Sala más equilibrada. Estas decisiones ayudarán a recuperar la credibilidad perdida de la justicia dominicana.
