Como era de esperarse, la nueva Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, generaría múltiples reacciones a partir del momento de su aplicación, obviamente por los efectos que trae consigo una nueva legislación.
Y no es para menos. Esta ley promueve un nuevo orden dentro del desorden que todavía prevalece en el sector transporte de nuestro país. Entonces por eso es comprensible que los primeros en reaccionar sean precisamente los que promueven el caos en el transporte privado y de pasajeros.
Mi comentario viene justificado por la irritante información de los responsables del transporte público, de que aumentarán las tarifas de los pasajes, debido a que conforme lo establecido por la Ley 63-17 habrá significativas reducciones en la cantidad de personas que deberán abordar los vehículos destinados a esos fines.
Es decir, la nueva ley 63-17 dispone reducir de seis a cuatro pasajeros en los carros del concho, y de 40 a 29 en minibuses. Lo que explica la reacción de los sindicatos del transporte es que según sus cálculos esta medida conduciría a que ese trabajo sea menos rentable, porque a menor número de pasajeros, menos dinero para sus bolsillos. Uno de los grandes e irresueltos problemas del Estado dominicano es que al momento de desarrollar un proyecto tendente a mejorar el funcionamiento de algún sector, los principales actores no quieren ceder ni un ápice en aras de conseguir ese objetivo.
Esto pasa con los transportistas, quienes han mantenido su muy lucrativo negocio sobre la base del chantaje descarado. Y lo peor es que distintos gobiernos siguieron el juego a estos multimillonarios empresarios, otorgándoles (hasta no hace mucho) odiosos privilegios en la asignación de combustibles.
Este desconcierto no puede continuar, porque tiene secuelas muy negativas en la sociedad, que nos afecta no sólo emocionalmente, sino también desde el punto de vista económico y comercial.
Tiene que haber consecuencias y castigos severos, a ver si de esa manera el salvajismo con el que se conduce esta gente, sobre todo choferes del transporte público, termina de una buena vez.
Aunque en nuestro país siempre se ha culpado al Estado de este desorden, es justo resaltar que con esta nueva ley y creación del Instituto Nacional de Tránsito (Intran), se pretende la organización, planificación, fiscalización y control de todas las actividades del sector transporte.
Hacía falta este nuevo orden; era imprescindible. Ahora resta esperar resultados, con la esperanza puesta en una solución definitiva al problema del transporte y del tránsito. Y con la confianza de que el Gobierno actuará con mano dura y sin dejarse tumbar el pulso de estos señores, que intentan ser un obstáculo para una solución definitiva a este problema.
