Muchas de las lamentables situaciones de corrupción y clientelismo que ocurren en nuestro país, son el resultado de la desidia de nuestras autoridades manteniendo entidades que hace tiempo perdieron su razón de ser.El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) es un vivo ejemplo de ello, fue creado en 1966 para administrar los ingenios del Estado, los cuales en 1997 ante su deficitaria situación fueron incluidos dentro de la Ley de Reforma de la Empresa Pública y en tal virtud fueron suscritos contratos de administración de los mismos por inversionistas privados, de los cuales solo uno sigue operando exitosamente.
A pesar de que los bienes operados por el CEA son propiedad del Estado, de que esa institución tiene un consejo de once miembros entre los que están el Ministro de Hacienda, el de Agricultura y el Gobernador del Banco Central, y de que la ley no faculta la venta de los terrenos de la industria azucarera con otro fin que no sea “un programa de diversificación de la producción que deberá auspiciar el Gobierno”, esta institución desde hace años se convirtió en una agencia inmobiliaria para vender terrenos generalmente a precios viles y en muy desfavorables condiciones a políticos, militares, congresistas y personas relacionadas con las administraciones desnaturalizándose así completamente su misión y convirtiéndose no solo en un lastre para el Estado, sino en un dilapidador de sus bienes.
Recientemente hemos visto cómo esta pus brota de las más despreciables maneras, en el execrable asesinato de dos comunicadores en San Pedro de Macorís por una persona que había comprado un terreno al CEA, en la dudosa operación de adquisición de los terrenos del Vertedero de Duquesa por Lajun Corporation la empresa que gestiona el mismo y en el afortunadamente fallido atentado a una diputada del PRM.
La única explicación posible para que el CEA siga vendiendo inmuebles del Estado muy por debajo de su precio, teniendo el mismo tantas necesidades de recursos ante el silencio de todas las autoridades, es que buena parte de estas sean beneficiarias de este dispendio y que otras lo entiendan necesario para alimentar la clientela que les permite mantener el poder.
Los conflictos en relación con el vertedero de Duquesa no son nuevos, prácticamente desde el inicio del contrato existen y precisamente cuando el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte decidió rescindir unilateralmente el mismo en julio de 2013, a los pocos días sorpresivamente se hizo público que Lajun tenía nuevos dueños.
No obstante esto y que los terrenos del Estado en los que está ubicado Duquesa fueron donados en uso al Ayuntamiento del Distrito Nacional, sustituido por el de Santo Domingo Norte producto de la división del territorio, con la expresa mención, según afirma el presidente de la Comisión Evaluadora de los terrenos del CEA, de que el ayuntamiento “no podía enajenar… ni una porción de ese solar”, razón por la cual expresa que “cualquier transacción que se haya hecho … es ilegal”, el CEA aparentemente cedió lo que no era suyo y estaba vedado vender.
En medio del escándalo de corrupción del CEA no es casualidad que salga esta supuestamente ilegal y fraudulenta venta de los terrenos de Duquesa, pues parece que los dueños de su operadora están dispuestos a llevarse de encuentro la ley, el orden y la sanidad públicos con tal de conseguir sus propósitos e imponer sus condiciones.
No podemos seguir permitiendo que sean las mismas entidades y funcionarios públicos que dilapiden los activos del Estado y quienes contribuyan a que el interés público sea puesto en jaque como está sucediendo en Duquesa. Por eso debe haber un clamor público de que sea ahora que al CEA definitivamente se le impida seguir desguazando al Estado.
