Nada más difícil que intentar hacer justicia con una venda en los ojos, una espada en una mano y en la otra una balanza para asegurar el debido equilibrio entre la fuerza y la razón, lo que en sociedades pequeñas como la nuestra en las que las relaciones primarias abundan, es aún peor.
El caso Odebrecht se está investigando y será conocido por la justicia no porque nuestro sistema judicial así lo haya querido sino porque la magnitud del escándalo internacional y las acciones tomadas en otros países, no dejaban escapatoria.
No se ha hecho público todavía el expediente acusatorio, por lo que se desconoce bajo qué elementos probatorios se inculpa a los 14, pero lo que sí salta a la vista es que el círculo de corrupción gravitaba alrededor de tres puntos: la CDEEE y el Ministerio de Obras Públicas, como entidades principales de contratación, y el Congreso como la institución que las aprobaba.
Por eso resulta extraño pensar que dado el largo periodo que abarca el reinado del modelo de corrupción de Odebrecht, del 2001 al 2014 y las astronómicas sumas que dieron como soborno según las declaraciones, solo hayan sido inculpados estos 14, quienes en su mayoría ejercieron sus funciones en la primera porción de dicho tiempo.
También sorprende que si como ha quedado comprobado una vez más la CDEEE y el sector eléctrico gubernamental son una enorme fuente de corrupción, entre otras razones por las grandes sumas de dinero que manejan dispendiosamente, la lista se detuviera en el 2009, a pesar de que el mayor contrato ejecutado por Odebrecht y el gobierno es la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina, exceptuando el período 2009-2012, durante el cual dicha entidad no suscribió contratos.
Por eso muchos piensan que una trama tan sórdida y descomunal es imposible que se llevara a cabo con tan pocos actores tanto del tren gubernamental como del Poder Legislativo, por lo que parecería que faltan muchos que no están.
Independientemente de las pruebas que de seguro tendrá la Procuraduría para instrumentar su expediente acusatorio, el manejo del caso permite ver un hilo conductor que fríamente preparó a la audiencia haciendo pública a través de conocidos voceros la lista de posibles inculpados e hilvanando la misma con fina destreza para que las puntadas abarcaran todos los litorales, pero no así todas sus playas.
Estamos ante uno de los momentos más importantes de nuestra vida republicana, los principales partidos políticos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están bajo cuestionamiento, lo que no sucederá sin consecuencias a lo interno de los mismos, y el Poder Judicial está ante su mayor reto para demostrar si es capaz de impartir justicia imparcialmente.
Debemos saber leer las lecciones que nos deja este entramado de corrupción, entre ellas que la ley de compras y contrataciones de nada sirvió para evitar esas dolosas contrataciones, que el sector eléctrico estatal es cuna de corrupción y dispendio ante tanto dinero envuelto como lo son en general las obras públicas, que los mecanismos de control del Estado no funcionan, que el lodazal de la corrupción, de no sancionarse a los corruptos, terminará por enfangar a todos y de desencantar a cada vez más personas honestas de participar en la política y en la función pública.
Esperemos que quede mucho por ver y que se aplique todo el rigor de la ley, pero no solo contra quienes se demuestre culpabilidad entre estos primeros imputados, sino de punta a punta contra todos los que cometieron los hechos delictivos. No hacerlo así no solo no sería de justicia sino que daría razones a los inculpados para demeritar los cargos y clamar lo mismo de siempre, que son víctimas de una persecución política.
