Dos casos vinculados con denuncias de corrupción pública han sido noticias de primer orden en los últimos meses. El primero, trata de supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios y políticos dominicanos, para ser beneficiaria de importantes obras de infraestructura en el ámbito local.El segundo caso es el proceso de licitación y adjudicación para la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, que de igual forma involucra a esa transnacional. Son dos temas que han dado mucho de qué hablar, y que el Gobierno finalmente decidió salir de cualquier tipo de dudas, y evitar así acusaciones que puedan dañar no solo la imagen de las autoridades actuales, sino incluso del Estado dominicano en el plano internacional.
Sin aventurarme a proyectar resultados de las investigaciones que se llevan a cabo de manera oficial, por orden expresa del propio presidente Danilo Medina, vale resaltar la actitud asumida desde el Gobierno, de dar la cara ante los insistentes reclamos multisectoriales, y ordenar que ambos casos sean debidamente indagados y llevados hasta las últimas consecuencias.
Es eso lo que precisamente se le estuvo pidiendo al presidente Medina, que pusiera su oído en el corazón del pueblo y escuchara las exigencias de transparencia, que el propio mandatario prometió desde el inicio de su primera gestión de Gobierno.
Llama poderosamente la atención que luego de oficializarse la investigación de ambas denuncias de corrupción, esos mismos sectores que demandaban fueran investigadas, sean quienes también cuestionen las acciones realizadas para cumplir ese cometido.
Danilo Medina ha dicho en múltiples ocasiones que está comprometido con la transparencia en los procesos de inversión pública, y este es buen momento para demostrarlo en el terreno eminentemente práctico. Y qué mejor forma de hacerlo, que integrando a reconocidas personalidades de sobrada y comprobada solvencia moral.
Esto último, si bien no es garantía absoluta de que al final tengamos unos resultados íntegros y enteramente confiables, sí le impregna una significativa dosis de pluralidad al objetivo fundamental del Gobierno, de poner el dedo sobre la llaga en situaciones engorrosas que mantienen expectante a toda la población dominicana.
En el caso específico de los alegados sobornos que se le atribuyen haber sido pagados por Odebrecht en el país, lo prudente ahora es esperar que las investigaciones identifiquen responsables y que la justicia juegue su papel de castigar a quienes osaron enlodar el nombre del Estado dominicano.
Y sobre Punta Catalina, los comisionados han de saber que están actualmente bajo la mira de todo un pueblo, que espera un informe objetivamente ajustado a la realidad que envuelve este polémico contrato. Pero démosle tiempo y no adelantemos juicios infundados.
