Nuestra sociedad, al igual que las de los demás países de Latinoamérica que están en el círculo de corrupción de ODEBRECHT, está concentrada en el proceso judicial que se ventila y reclama que se juzgue a todos los involucrados y se impongan las debidas sanciones.Pero este recién iniciado proceso pone de cara al público nuestro sistema judicial con sus bondades, precariedades, vicios y falencias, el cual generalmente solo es del interés de los abogados, los justiciables, reclamantes o demandados del momento, aunque debería interesarnos a todos.
Así las cosas un proceso de tanta notoriedad pública como este no solo juzgará a los imputados, sino a la propia justicia y sus representantes, Ministerio Público y jueces, los que en adición a ser cuestionados en cuanto a su imparcialidad, serán rigurosamente escudriñados en sus acciones, como ya se ha visto en el corto espacio de tiempo que lleva el proceso en el que los errores cometidos por el Ministerio Público han sido detectados y atacados no solo por los abogados de los procesados sino por la opinión pública.
Debemos entender la magnitud de este caso y las precariedades de la justicia, no solo para fortalecer en cuanto sea necesario al equipo del Ministerio Público para que sea capaz de presentar de forma idónea sus medios de prueba y acusaciones, así como para poder resistir los ataques de la pléyade de abogados, seguramente bien pagados muchos de ellos, que están defendiendo a los imputados, sino también para hacer conciencia de que es imposible asegurar excelencia en nuestros funcionarios judiciales sin salarios y formación adecuados, y sin garantías de poder escalar en una verdadera carrera basada en los méritos, pues sin esto ni ingresan en la misma los mejores ni permanecen los que se destacan.
Para muchos este caso solo es comparable con los procesos llevados a cabo en la presente década por los fraudes bancarios y este es aun más complejo, pues se trata de una trama de sobornos de funcionarios públicos por parte de una empresa extranjera que no solo utilizaba este mecanismo para obtener contrataciones sino que buscaba incidir mediante aportes efectuados para las campañas políticas de candidatos, en el mapa político de Latinoamérica.
En los procesos por fraudes bancarios se pensó en contratar como fiscales adjuntos a abogados expertos en derecho penal económico, aunque finalmente lo que se hizo fue contratarlos como abogados de la Autoridad Monetaria y Financiera como actor civil del proceso.
En el caso ODEBRECHT no existe un actor civil, por lo que lo más sensato para lograr que el Ministerio Público pueda llevar a cabo exitosamente su acusación es que contrate abogados expertos como fiscales adjuntos para acompañar a los fiscales asignados al caso, quienes aunque probablemente están laboriosamente entregados en cuerpo y alma a la acusación, tienen limitaciones para poder hacer frente a la magnitud y complejidad del expediente.
Lo que no podemos permitir es que la concentración en el caso ODEBRECHT que actualmente se ventila en justicia nos haga descuidar el proceso de selección de jueces que está llevando a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura, el que culminará probablemente, como se percibe es la intención, antes de mediados de agosto; pues del resultado del mismo dependerá que tengamos una señal en el sentido correcto de un sistema judicial más independiente, competente e imparcial que sea capaz de impartir verdadera justicia o que se profundice la desconfianza y se disminuya más su independencia, lo que impediría no solo un resultado creíble para el caso más trascendente de nuestra historia judicial reciente, sino que debilitaría aun más la confianza ciudadana en el sistema, lo que es grave y peligroso. Estemos atentos e involucrados para que no pasemos con ficha.
