La gravedad del escándalo de corrupción relacionado con los sobornos pagados por Odebrecht no tiene precedente. Esta es sin dudas una de las redes de soborno transnacional más grande que ha operado en la región, la cual involucró a políticos y funcionarios de la República Dominicana y de otros 11 países. Este fraude desvió cuantiosos recursos del Estado y al mismo tiempo, ha afectado aún más la credibilidad en el sistema político y en las instituciones públicas. Por lo tanto, este se constituye en un enorme desafío para las autoridades y en especial para la justicia dominicana.
Frente a este caso, la sociedad dominicana se mueve entre el escepticismo y la esperanza. La tradición de un sistema judicial que ha propiciado la impunidad genera serias dudas sobre el establecimiento de sanciones ejemplares a los responsables. Sin embargo, la presión internacional, la reacción de la ciudadanía en demanda de que cese la impunidad, la identificación del presidente con esta demanda y los esfuerzos del Ministerio Público, abren una brecha para confiar en que en esta ocasión será distinto. La actual coyuntura es una oportunidad para crear un antes y un después en la lucha contra la corrupción.
Aprovechar esta oportunidad implica que salgan a la luz pública, todas las informaciones correspondientes a la dimensión del fraude cometido contra el Estado dominicano. Estas deben proceder de Brasil, pero sobre todo, de las investigaciones que se llevan a cabo en el país. A partir de ahí, se espera que sean sometidos a la justicia todos los responsables, sin distinción; no importa que se afecte la unidad interna del partido político en el poder, o el apoyo que ofrecen otras fuerzas políticas. Los jueces a los que les llegue este caso, deberán convencerse de que por encima de su lealtad a algún grupo partidario, está el interés colectivo del pueblo dominicano. Por lo tanto, se espera que haya sanciones y que el Estado sea resarcido por el profundo daño causado.
Lo anterior es responsabilidad del sistema judicial. A los demás poderes públicos les corresponde aprovechar esta ocasión para impulsar los cambios institucionales pendientes, para que el control, la transparencia y la rendición de cuentas sean una práctica cotidiana en el Estado dominicano. En tal sentido, se deben afianzar las prácticas de transparencia que se vienen implementando durante los últimos años e impulsar reformas al marco jurídico del sistema de compras públicas, al de lavado de activos y al relacionado con el financiamiento político. Por último, el fortalecimiento e independencia de los órganos de control y fiscalización es una tarea urgente.
