El retraso de las reformas para mejorar el sistema político y electoral en el país ha sido demasiado largo. 17 años discutiendo la ley de partidos y seis años la reforma a la ley electoral, es mucho tiempo. Como es sabido, ambas iniciativas tienen una relevancia vital para mejorar la calidad de las elecciones y contribuir a que los partidos se consoliden como instancia de representación de la ciudadanía. Sin estas reformas, muy probablemente continúe el evidente proceso de erosión de la confianza en las instituciones y actores políticos. Todo indica que en la actual coyuntura el Congreso Nacional tiene la disposición de conocer estas leyes.
Abierto nueva vez el debate, y sin entrar en el contenido de las reformas, es importante tener en cuenta tres aspectos. En primer lugar, que las leyes que surjan de la discusión congresual tienen que estar precedidas de una amplia consulta con los distintos sectores. En tal sentido, el Congreso, asistido por la Junta Central Electoral, deberá llevar a cabo diálogos interpartidarios y vistas públicas con organizaciones de la sociedad civil, que permitan generar acuerdos mínimos sobre los principales aspectos de la reforma. Esta participación contribuirá a enriquecer las propuestas que están siendo debatidas.
En segundo lugar, es necesario prestar atención a que no se trata de aprobar nuevas leyes por aprobarlas. Si las nuevas legislaciones, electoral y de partidos políticos, no contribuyen a mejorar la equidad en la competencia electoral, el control y transparencia del financiamiento político, la democracia interna de los partidos o la paridad de género, entonces no habrá valido la pena la reforma. Este será un nuevo ejemplo de gatopardismo, en el que se hacen cambios para que todo siga igual. Por esa razón, la profundidad y la calidad de la reforma es un aspecto esencial a tener en cuenta.
Un tercer elemento a ser considerado, es que los partidos políticos deben comenzar a mandar señales claras de que están comprometidos con la transformación del sistema político. Las reformas jurídicas tienen que ser acompañadas de cambios en la cultura política. La ciudadanía espera ver nuevas prácticas y actitudes políticas en los partidos y sus dirigentes, de forma tal que se genere una mayor confianza en el proceso de reformas. Si antes de las reformas se inicia el relevo de liderazgo en las organizaciones políticas, se realizan ejercicio de rendición de cuentas y se renuncia a prácticas clientelares, entonces sí, la gente comenzará a creer que de verdad ha comenzado el proceso de cambios del sistema político. Si no, solo tendremos nuevas leyes para ser violadas.
