En décadas no se había tenido un acontecimiento que removiera con tal intensidad a la sociedad dominicana como el escándalo de Odebrecht. Aunque es un hecho de una gran relevancia, es necesario hacer un esfuerzo por salir de las posturas extremas y apasionadas en el debate y colocarse por encima del discurso del indetenible colapso institucional o de la visión complaciente de que no hay motivos para alarmarse. Estamos ante un hecho grave y las respuestas que se busquen deberán permitir superar los déficits institucionales acumulados a lo largo de 40 años de esfuerzos por constituir una sociedad en democracia.
A diferencia de lo que ha pasado en casos anteriores, no es posible que la corrupción propiciada por Odebrecht quede en la impunidad. Tres factores así lo indican: el impacto local de las investigaciones que se llevan a cabo en Brasil, la masiva movilización ciudadana en contra de la impunidad y la compresión de las autoridades del alto costo político que supondría no hacer nada. En tal sentido, la actual coyuntura debe aprovecharse para ejercer presión social en la dirección de que se sancionen a los responsables, se reforme el sistema político y electoral y se fortalezcan las instituciones y normas para el control y fiscalización de los fondos públicos.
Es necesario hacer del caso Odebrecht el inicio del cese del régimen de impunidad en el país. A partir del acuerdo con la Procuraduría, esta empresa asume el compromiso de presentar toda la información necesaria para la persecución y sometimiento a la justicia de las personas que recibieron sobornos. Esto abre la posibilidad de presentar expedientes bien sustentados, de manera que sea difícil que los imputados se escapen a una sanción judicial como la amerita el caso. Además de este aspecto fundamental, es propicia la ocasión para llevar a cabo las reformas pendientes para fortalecer los órganos de control y fiscalización en el Estado dominicano.
Recientemente, una de las implicadas en el financiamiento ilícito a partidos a través de Odebrecht, daba cuenta de que las campañas en la República Dominicana y Argentina no recibieron fondos de esa empresa brasileña. Esto es probable, pues en el país hay tradición de un significativo financiamiento del empresariado nacional a las actividades políticas. Ahora bien, este nuevo dato no exime a la República Dominicana de enfrentar los serios problemas que padece respecto a la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas. Se requiere de un régimen electoral y una ley de partidos que establezcan el control y fiscalización del financiamiento privado, su publicidad y las prohibiciones y sanciones correspondientes.
